A partir de la asunción de Mohamed VI en 1999, Marruecos ha sido considerado por medios políticos y periodísticos occidentales como una especie de singularidad o excepcionalidad respecto de los países de su entorno árabe y africano. La estabilidad del sistema político, la tibia apertura del régimen hacia formas más democráticas junto a la ortodoxia en materia económica y el compromiso en la lucha contra el terrorismo, hacían del reino norteafricano un aliado excepcional para las cancillerías occidentales. No obstante, el nuevo rey aún siguió gobernando en el marco de la Constitución promulgada por su padre Hassan II en 1996, que consagraba amplias facultades para la monarquía.

Las leves reformas implementadas en los primeros años despertaron las esperanzas de cambios más significativos, que se esperaba llegarían en tiempo y forma en una pacífica progresión. Hasta en los ámbitos de vida social era habitual escuchar las referencias a la “teoría del goteo”: pequeñas filtraciones que permitirían transformar paso a paso el sistema político. Se citaban ejemplos, modelos y contramodelos para este lento proceso de transición. Ejemplo recomendable por su moderación era el caso chino; mientras que en el listado de los que nunca se debería emular aparecían la Perestroika de Gorbachov y la Reforma Blanca del sha de Irán en los años sesenta. Estos últimos representaban el peligro de transformaciones radicales que alteraran la naturaleza misma del sistema: por una apertura descontrolada en el caso de la ex URSS y por una reforma extranjerizante en el caso iraní. Para algunos sectores políticos, en cambio, este lento proceso no hacía más que mostrar la naturaleza gatopardista de la monarquía y del Majzen (tradicional estructura informal de poder que conecta a la monarquía con las fuerzas políticas locales y sectoriales).

Entre los desarrollos políticos más elogiados de la nueva etapa se reconoce la formación de la Instancia Equidad y Reconciliación para la revisión de los años de plomo; la fundación del Instituto Real de Cultura Amazigh para la gestión de la identidad cultural bereber y la reforma de la Ley de Familia. Aunque hubo momentos de mayor cuestionamiento –principalmente durante los atentados de Casablanca en 2003–, este relato de cambios progresivos dominó la escena política durante gran parte de la primera década del siglo XXI.

Al iniciarse los levantamientos en Túnez y Egipto a fines de 2010 se insistió, desde diferentes instancias, que Marruecos estaba a salvo de cualquier conmoción: la singularidad y estabilidad del sistema político lo garantizaban. Sin embargo, poco tiempo después se reveló que este escenario ideal no tendría sustento y que las frustraciones de amplios sectores de la sociedad –expectantes ante una apertura genuina– y el efecto contagio acabarían impactando de alguna manera sobre la evolución social y política en el país.

Inmediatamente el gobierno puso en marcha una serie de cambios preventivos: el aumento de las subvenciones a los hidrocarburos y a los alimentos básicos. Y entre las reformas institucionales, la instalación del Consejo Económico Social, como una instancia de canalización del diálogo entre diferentes sectores sociales y políticos. Mientras tanto, las movilizaciones y protestas, aunque con dispar convocatoria, se extendieron por las principales ciudades del país.

Algunas voces de referencia –intelectuales y figuras de la oposición política– señalaron la necesidad de reformas profundas. La cristalización de estas expectativas se dio a través de la convocatoria de una movilización para el 20 de febrero de 2011, originada a partir de jóvenes independientes. Esta iniciativa promovida a través de Internet y medios electrónicos se denominó Movimiento 20F y comenzó a articular el descontento popular de casi un centenar de organizaciones de variado perfil y espectro ideológico.

Pocas semanas después, el 9 de marzo, el monarca anunció la realización de una reforma constitucional para lograr un “nuevo pacto histórico entre Trono y Pueblo”. Esta revisión fue encargada a una comisión de expertos, mediante el trabajo en consulta con partidos, sindicatos y organizaciones sociales. Sin embargo, la propuesta recibió inmediatas críticas del Movimiento 20F y de pequeñas fuerzas políticas del país, quienes anhelaban la realización de un verdadero proceso constituyente, soberano en sus decisiones.

Entre los cambios incluidos en la nueva Carta Magna están: a) el reconocimiento de la identidad plural marroquí; b) la constitucionalización de diversos organismos y consejos, y de pactos y compromisos internacionales firmados por el país; c) la separación y equilibrio de poderes, esto incluye la consagración del jefe de gobierno surgido de los votos conseguidos en la Cámara de Diputados y el reforzamiento de su papel, siendo responsable de un poder ejecutivo efectivo; d) el reconocimiento de la regionalización del país; entre otras. Quizá lo más importante de este proceso es que, por primera vez, las facultades generales del monarca pasaron a ser definidas y reguladas por el texto constitucional. El nuevo documento fue sometido a referéndum el 1 de julio de 2011 y logró un mayoritario respaldo popular.

A pesar de no participar en las movilizaciones, la formación islamista más importante, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), obtuvo el triunfo en las elecciones generales de fines de 2011. Dicho partido encabezó una coalición junto al Istiqlal (partido nacionalista conservador, que abandonó tiempo después esta alianza), el Movimiento Popular (movimiento bereber de centroderecha), el Partido del Progreso y el Socialismo (ex comunistas) y el partido Rassemblement National des Indépendants (RNI). El dirigente del PJD Abdellah Benkirane fue designado como jefe de gobierno e inició una etapa que ha sido caracterizada como de “cohabitación”. La presencia de esta organización en el campo político se ha normalizado y virado hacia un perfil de partido nacionalista-conservador con referentes religiosos, de acuerdo con el especialista Miguel Hernando de Larramendi.

El nuevo gobierno priorizó la imposición de algunas cuestiones habituales de la agenda islamista: la moralización del espacio público, la lucha contra la corrupción y medidas de corte social. Entre las reformas lanzadas mediante diversas leyes orgánicas cabe señalar la del funcionamiento del Legislativo, la de partidos políticos, la del Tribunal Constitucional, la del Consejo Económico Social y la relativa a las comisiones de investigación parlamentaria, así como la reforma de la Justicia y la Regionalización Avanzada. Esta última de gran trascendencia para el futuro del Sahara Occidental: prevé la democratización a nivel local y regional y una organización regional más eficiente, pasando de 16 a 12 el número total de regiones en el país.

En el aspecto económico, el actual ejecutivo se aplicó a la reforma de la Caja de Compensación, el antiguo sistema de subvención de productos básicos y de gran impacto social. Asimismo se encaró el proceso de reforma del sistema de pensiones y la regulación del derecho de huelga. También están en tratamiento otros temas previstos en la nueva Constitución como la figura de la iniciativa popular legislativa, el derecho de petición y el nuevo código de prensa.

Sin embargo el gobierno islamista no ha estado exento de conflictos y diferencias, por lo que el monarca potenció su papel de hecho como árbitro del juego político. Incluso sosteniendo antiguas prácticas como la modificación de decisiones del ejecutivo; el nombramiento de funcionarios, embajadores y asesores reales; la formación de misiones diplomáticas paralelas, entre otras. Estas interferencias, según Larramendi, podrían debilitar al gobierno y a la formación islamista, repitiendo los mismos errores del gobierno “de la alternancia” a fines de los noventa.

En este marco podemos caracterizar entonces al sistema político marroquí como un régimen híbrido, en el que la naturaleza autoritaria convive con la puesta en juego de dispositivos democráticos. Sin duda, la gran ventaja es que, a diferencia de otros países del entorno, las fuerzas sociales cuentan con un relativo margen de acción para manifestarse y cuestionar al poder.

En materia externa, el nuevo monarca se empeñó en diversificar e intensificar la presencia marroquí en el escenario internacional, a través de la ampliación de su actuación y reforzando las relaciones con regiones como América latina o los países asiáticos. Asimismo, procura maximizar su visibilidad y prestigio a través de la organización de grandes eventos internacionales, tales como la Conferencia del Cambio Climático de Naciones Unidas (Cop22), que tendrá lugar en Marrakech durante el mes de noviembre de 2016.

El conflicto del Sahara Occidental es desde 1975 el hecho central de la política exterior marroquí. La recuperación de las llamadas “Provincias del Sur” se transformó en una causa nacional, respaldada por todas las fuerzas políticas. La movilización ideológica en torno a la campaña irredentista es una constante que articula tanto la vida política del país como sus relaciones internacionales. El propósito fundamental de la diplomacia marroquí es la aceptación por la comunidad internacional de su postura sobre el Sahara Occidental, traducida en el proyecto de autonomía lanzado en 2007.

En abril de 2007 Marruecos presentó a Naciones Unidas un proyecto de autonomía para dichos territorios. Esta propuesta otorgaría a la población local facultades de autogestión, pero en el marco de la soberanía marroquí. Para la promoción de esta iniciativa, el reino inició una ofensiva diplomática en múltiples frentes. Al mismo tiempo, a partir de junio de ese año, Marruecos y el Frente Polisario celebraron una serie de negociaciones con el auspicio de Naciones Unidas y la presencia de Argelia y Mauritania. Los encuentros se llevaron adelante en Manhasset, en las cercanías de Nueva York. Sin embargo a lo largo de nueve rondas de negociación no se lograron avances sustantivos ante la intransigencia de las partes: Marruecos insiste en su propuesta de autonomía mientras los saharauis reclaman la celebración de un referéndum que contemple la independencia. Más aún, como se señaló anteriormente, en la reciente reforma del texto constitucional se incorporó un proyecto general de regionalización avanzada, dentro del cual se inserta el proyecto de autonomía del Sahara Occidental.

A principios de este año se elevó nuevamente la tensión entre el reino y Naciones Unidas en torno a la cuestión saharaui, cuando el Secretario General Ban Ki-moon se refirió a la misma como “ocupación” por parte de Marruecos. A continuación, Marruecos expulsó a 73 miembros de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO). A esto se sumó la muerte del líder del Frente Polisario desde 1976, Mohamed Abdelaziz, el 31 de mayo pasado. El 13 de julio fue elegido como sucesor Brahim Ghali, un dirigente de la vieja guardia que combina experiencia militar y diplomática y que deberá definir a fines del mismo mes el futuro de la MINURSO en Naciones Unidas.

Por otra parte, Marruecos encuentra diversas dificultades a la hora de gestionar un contacto sólido, estable y no condicionado con las órbitas regionales árabes, africanas e islámicas, a pesar de los lazos históricos y culturales que lo unen con ellas. La alternancia y la superposición de prioridades en su propia agenda, las relaciones de cercanía con las potencias de Occidente y el tema saharaui como factor perturbador, siguen constituyendo los elementos que actúan en esos terrenos.

En el ámbito magrebí, la normalización de las relaciones con Argelia continúa siendo una tarea pendiente. Esta indefinición lastra el proceso en torno al Sahara Occidental y contamina la política regional, donde aún existen profundas diferencias como la gestión de la crisis de Malí y la seguridad en la zona sahelo-sahariana. Cabe recordar que la frontera entre los dos países permanece cerrada desde 1994.

Al mismo tiempo, Marruecos ha desempeñado un papel importante en el caótico escenario libio post Gadafi. Con sus buenos oficios, la diplomacia marroquí facilitó el diálogo para la formación de un gobierno de unidad nacional bajo el auspicio de Naciones Unidas, mediante el acuerdo firmado por las diferentes partes en conflicto en el balneario marroquí de Sijrat en diciembre de 2015.

Respecto de Siria, el reino promueve la búsqueda de una solución política negociada, al tiempo que ofrece sus apoyos para los desplazados sirios financiando un hospital de campaña en Jordania. Sin embargo las secuelas del conflicto llegaron a su propio territorio: unos dos mil refugiados sirios entraron sin visado al espacio marroquí desde 2011. Una parte de ellos empezó el proceso de regularización, mientras que unos quinientos fueron reconocidos como refugiados por ACNUR. Aunque cuentan con la protección “oficiosa” de las autoridades, su inserción económica es muy difícil y muchos de ellos optan por tratar de ingresar a la Unión Europea a través de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla.

Los vínculos con los países árabes del Golfo Pérsico se incrementaron en los últimos años, destacándose en el plano económico con la recepción de importantes inversiones en materia financiera y de proyectos inmobiliarios y turísticos. En los primeros meses de 2011 el reino recibió la invitación para sumarse al Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), en un intento de las monarquías árabes para hacer frente a los levantamientos populares que comenzaban a desarrollarse en la región. Aunque la propuesta fue rechazada, los contactos con este grupo regional continuaron de manera creciente. En abril de este año se concretó en Riad la primera cumbre entre Marruecos y los cinco países del CCG (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin y Kuwait). Cabe señalar que en la misma, Marruecos recibió el respaldo para sus posiciones sobre el Sahara Occidental.

Con respecto al ámbito africano, la diplomacia marroquí se empeña en resaltar que el continente se sitúa en los primeros puestos de su agenda externa, dando paso a una etapa de renovación en las vinculaciones. El pasado 17 de julio se dio uno de los giros más significativos cuando Mohamed VI anunció su intención de volver al seno de la Unión Africana (UA) tras 32 años de alejamiento de la política continental (se retiró de la anterior Organización para la Unidad Africana en 1984, tras el ingreso de la República Árabe Saharaui Democrática). Hasta el momento, el reino exigía la salida de dicha república como condición para volver a la organización. Este cambio supone un giro pragmático, asumiendo el significativo papel que puede ocupar la UA en la resolución del conflicto saharaui.

Esta propuesta aparece como la culminación de un largo proceso de reacercamiento. La acción diplomática marroquí hacia el espacio subsahariano cobró nuevo impulso, sobre todo a partir de las giras diplomáticas que el rey Mohamed VI llevó adelante a los países del África Occidental francófona. En estas misiones se entrecruzaron diversos intereses: la pretensión de reincorporarse a la escena africana con una mayor presencia política y económica, la búsqueda de apoyo renovado en la cuestión del Sahara Occidental, la problemática de la seguridad y la inmigración, junto a la expansión de los negocios y las inversiones de empresas públicas y privadas marroquíes; todo ello bajo el marco del discurso de la cooperación Sur-Sur.

En las relaciones con las grandes potencias, las dificultades del país no son menores. La doble dependencia con las fuerzas de Occidente –principalmente económica con la Unión Europea y político-militar con Estados Unidos– le exige desarrollar habilidosos movimientos diplomáticos de balanceo.

Con respecto a la Unión Europea, en diciembre de 2015 se puso en cuestionamiento el instrumento comercial principal que rige los intercambios con Marruecos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló el acuerdo comercial agrícola por incluir al Sahara Occidental en su aplicación. La medida fue recientemente recurrida por los países mediterráneos afectados también por la decisión del Alto Tribunal.

Asimismo, los vínculos con Francia estuvieron a lo largo del año 2014 ensombrecidos nuevamente por diversas situaciones. El intento de París de tomar declaración al jefe del contraespionaje marroquí y los decires de un embajador francés en Naciones Unidas dieron pie a una intensa crisis diplomática. En 2015 comenzó el deshielo, con la reanudación del diálogo político y la cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, especialmente tras los múltiples atentados en París en noviembre. La relación se normalizó con la visita de François Hollande a Tánger en septiembre y la del rey a París en noviembre de ese año.

La nueva fase en el conflicto del Sahara Occidental implicó también la necesidad de diversificar los apoyos del reino y lograr contrapesos a los complejos vínculos con las potencias occidentales. Así, en marzo de 2016 el rey visitó al presidente ruso Vladimir Putin y firmó múltiples acuerdos comerciales y estratégicos. A su vez, en mayo, el monarca viajó a China, donde labró importantes acuerdos financieros, comerciales e industriales que abren la puerta a la inversión de bancos y empresas chinos en el reino o la participación conjunta en proyectos en África. Se destaca un acuerdo swap de divisas por tres años y la posible venta de armas por el gigante asiático. El diálogo incluyó un aval implícito a las reclamaciones marroquíes sobre el Sahara y el rechazo al intervencionismo occidental. Estos notables cambios en la orientación exterior de Marruecos son interpretados por algunos analistas como la apuesta hacia un mundo multipolar y el cuestionamiento al tradicional papel de Estados Unidos como un aliado confiable e imprescindible.

En síntesis, a sesenta años de su vida independiente, el sistema político y la sociedad marroquíes muestran una elevada complejidad, con la interacción de diferentes actores e intereses. El país atraviesa hoy una serie de tensiones y transformaciones de gran calado, un escenario de nuevos desafíos y oportunidades que pueden marcar la senda política y social de los próximos tiempos.