Derechos y garantías ciudadanos en la Unasur

Derechos y garantías ciudadanos en la Unasur

Por José Carlos Gustavo De Paula


 
Abogado (UBA). Ex docente universitario. Director de la Comisión del Mercosur y Derecho de la Integración de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Delegado al COADEM (Consejo de Colegios y Órdenes de Abogados del Mercosur)


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Todo proceso de integración debe mantener resguardados los derechos de la ciudadanía. El desafío consiste entonces en armar una estructura legal que permita construir unidad en la diversidad. A continuación, un recorrido a través de la experiencia acumulada en Sudamérica.

Al comenzar el siglo XXI aparece con claridad la gestación de una organización interestatal que reuniera a todos los Estados de la América del Sur. Surge así la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) (Cusco, 8 de diciembre de 2004), transformada luego (Isla Margarita, 16 de abril de 2007, en el marco de la 1ª Cumbre Energética Sudamericana) en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), evolucionado el proceso de acercamiento entre los Estados nacionales hasta obtener los consensos y suscribirse su Tratado Constitutivo en Brasilia, el 23 de mayo de 2008.

Antecedentes histórico-culturales. Gestación

En la historia de nuestra América sureña un doble movimiento preside desde la independencia de nuestros países hasta la primera mitad del siglo XX: de la separación a la integración. Así definió el proceso histórico el fundamental pensador “oriental” de la integración latinoamericana, difusor y propulsor de la Patria Grande, historiador y docente, Alberto Methol Ferre (1929-2009). Así nos enseñaba que después de la independencia, durante el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, predominó el movimiento de la separación y luego, desde la segunda mitad del siglo XX, el movimiento creciente de la integración.

Durante el corto tiempo de la emancipación fue una tensión incesante entre separación e integración. Venció la separación. Luego, durante la segunda mitad del siglo XIX, después de la Guerra de la Triple Alianza y la del Pacífico, se consolidó definitivamente la separación. Decía Methol Ferre con respecto a la separación que “su apogeo fue la primera mitad del siglo XX, de la alienación europeísta y la hegemonía norteamericana, objetivada en Chapultepec y en la OEA. Pero no significó que la integración muriera. Por el contrario, había ido retomando paulatina fuerza desde la generación latinoamericana del 900, hasta culminar en la propuesta del nuevo ABC de Perón en 1951”.

Años después, a mediados de los ’80, renacería el movimiento de la integración. En la primavera democrática de Argentina y Brasil, se produce el encuentro y el acuerdo histórico Alfonsín-Sarney (Acta de Iguazú, noviembre de 1985) y comienza a cambiar la historia en la América del Sur. Con el entendimiento de los dos países más grandes de Suramérica se desarmaron las hipótesis de conflicto, se afianzó la relación política de confianza y se constituyó el eje de la construcción de la integración. Después del entendimiento bilateral y los tratados y acuerdos (años 1986 y 1988) se gestaba y nacía formalmente el Mercosur (26 de marzo de 1991).

El intelectual y pensador brasileño Luis Alberto Moniz Bandeira diría en el año 2009, analizando todo el proceso de integración regional, que “sin alianza Argentina-Brasil, no hay Mercosur, y sin Mercosur no hay Unasur”.

Unasur. Caracterización y surgimiento.

Así, en la primera década del siglo XXI, si bien existían en curso procesos de integración de carácter subregional en América Latina y el Caribe (Mercosur, CAN, ALADI, CARICOM) se reconocen como fuentes de la Unasur la Primera Reunión de Presidentes de América del Sur (31 de agosto y 1 de septiembre de 2000), convocada por el presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso; la Segunda Reunión de Presidentes de América del Sur, Consenso de Guayaquil sobre Integración, Seguridad e Infraestructura para el Desarrollo (Guayaquil, 26 y 27 de julio de 2002), y la mencionada Declaración de Cusco (8 de diciembre de 2004), en la conmemoración del aniversario de la batalla de Ayacucho, y que da origen a la Comunidad Sudamericana de Naciones y su evolución posterior, antecedente inmediato de la actual Unasur.

Durante los cuatro años que van de 2004 a 2008 se evoluciona desde la declaración de Cusco y de Brasilia (30 de septiembre de 2005) y las discusiones en la IV Cumbre de las Américas (4 y 5 noviembre de 2005, Mar del Plata), donde en una decisión histórica el bloque Mercosur enterró el proyecto del ALCA diseñado por Estados Unidos, ante el desconcierto y la atónita mirada del presidente norteamericano George W. Bush. En esa Cumbre, en un recordado discurso, el presidente argentino Néstor Kirchner manifestó categóricamente el fracaso de las teorías del “Consenso de Washington”.

Pocos días después, en el ámbito de la Comunidad Sudamericana de Naciones, se creó la Comisión Estratégica de Reflexión sobre el proceso de Integración Sudamericana, y el 9 de diciembre de 2006 se adoptó la “Declaración de Cochabamba”. En dicho documento, que es fundamental para entender el proceso en curso en la América sureña, se planteó y se definió un nuevo modelo de integración con identidad propia, pluralista, en medio de la diversidad y las diferencias, reconociendo distintas concepciones políticas e ideológicas que corresponden a la pluralidad democrática de nuestros países.

Cabe destacar y resaltar sus principios rectores que luego definirán el accionar futuro de Unasur: a) solidaridad y cooperación en búsqueda de mayor equidad, reducción de la pobreza, disminución de las asimetrías y fortalecimiento del multilateralismo; b) soberanía de la integridad territorial y autodeterminación de los pueblos, asegurar la prerrogativa de los Estados nacionales a decidir sobre sus estrategias de desarrollo; c) Zona de Paz para la América del Sur; d) democracia y pluralismo para consolidar una integración respetuosa de los derechos humanos y de la dignidad humana, de los pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes, con igualdad de género y respeto a todas las minorías y sus manifestaciones lingüísticas y culturales. Se reconoce el aporte de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil y su derecho a la participación; e) derechos humanos universales, interdependientes e indivisibles. Dar impulso a derechos civiles y políticos, como a los derechos económicos, sociales y culturales, reconociendo el derecho al desarrollo de los países; f) armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible.

Así, apoyándose en las experiencias y avances de los procesos de integración subregional ya existentes en la América del Sur, esto es la CAN (Comunidad Andina de Naciones ) y el Mercosur (Mercado Común del Sur), se suscribe en Brasilia el 23 de mayo de 2008, el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Es importante destacar que en el Preámbulo del tratado se deja expresa constancia de que la decisión está apoyada en la historia compartida de nuestras naciones, e inspirada en las declaraciones de Cusco, Brasilia y Cochabamba. A la vez que se afirma la determinación de construir una identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura, en el convencimiento de que la integración y la unión suramericanas son necesarias para avanzar en el desarrollo sostenible y el bienestar de nuestros pueblos, y paso decisivo para fortalecer el multilateralismo y la vigencia del derecho en las relaciones internacionales, para lograr un mundo multipolar, equilibrado y justo, en el que prime la igualdad soberana de los Estados y una cultura de paz en un mundo libre de armas nucleares y de destrucción masiva.

En el tratado, después de establecer en el artículo 1º la decisión de constituir la Unasur como una organización dotada de personalidad jurídica internacional, en los arts. 2 (objetivo) y 3 (objetivos específicos) se detalla en forma pormenorizada las acciones a desarrollar para alcanzar los objetivos. A través de sus 27 artículos y el transitorio, van desfilando los aspectos más importantes, los órganos (art. 4) y el desarrollo de la Institucionalidad (art. 5), las fuentes jurídicas (art. 11), la aprobación de la normativa por consenso (art. 12), relaciones con terceros (art. 15), financiamiento (art. 16), Parlamento (art. 17), idiomas (art. 23), duración y denuncia (art. 24), enmiendas (art. 25) y registro (art. 27), entre otros temas. Más adelante se comentará la promoción de la ciudadanía (art. 18 del tratado).

En la ciudad de Georgetown, República Cooperativa de Guyana, el 26 de noviembre de 2010, los doce Estados que integran Unasur suscribieron el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de Unasur sobre Compromiso con la Democracia.

Con la ratificación del tratado por parte de nueve Estados, el 11 de marzo de 2011, la Unasur dio inicio a su vida jurídica con personalidad internacional, con la colocación de la piedra de la sede permanente en la ciudad de Quito.

Para lograr sus fines la Unasur tiene cuatro órganos principales intergubernamentales (Jefe(a)s de Estado y Gobierno; Ministro(a)s de Relaciones Exteriores; Delegado(a)s y Secretaría General) y los nueve Consejos sectoriales creados con posterioridad. El último (octubre 2011) de los cuales es el Consejo Electoral. Además existe un Grupo de Trabajo (Solución Controversias-Inversiones), el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (sede en Buenos Aires), Secretaria Técnica Unasur-Haití y el Instituto Suramericano de Gobierno de la Salud.

La ciudadanía regional. Derechos y garantías. La educación y la cultura. El compromiso democrático

La pertenencia a una determinada comunidad política y a la edad que determinen sus normas constitutivas configura lo que se conoce como ciudadanía. Ella otorga una serie de derechos y obligaciones a los ciudadanos.

El conjunto de derechos ha ido evolucionando y transformándose con el desarrollo de la sociedad en los últimos tres siglos. En tal sentido, algunos autores como Marshall distinguen tres etapas: “una ciudadanía civil” en el siglo XVIII, vinculada a la libertad y los derechos de la propiedad; “una ciudadanía política” propia del siglo XIX, ligada al derecho al voto y a la organización social y política; y por ultimo, desde mediados del siglo XX, “una ciudadanía social” relacionada con los sistemas educativos y el Estado del Bienestar.

Desde esa perspectiva, el debate de la ciudadanía está estrechamente unido a las relaciones de poder o de dominación de los hombres sobre las mujeres, negándoles el ejercicio de la misma. Se ha señalado que el voto, la propiedad, la libertad para organizarse, son derechos a los que las mujeres han accedido más tardíamente que los hombres. Por otra parte, nutridos grupos de mujeres constituyen bolsas de pobreza, soportan grados de violencia y reciben salarios más bajos.

Los derechos incluidos en la norma constitutiva y organizativa de un Estado, generalmente llamada Constitución, se consideran esenciales en el sistema político y se vinculan con la dignidad humana.

Esos derechos constitucionales habitualmente se clasifican en: derechos fundamentales (primera generación), derechos económicos, sociales y culturales (segunda generación) y derechos a un medio ambiente sano (tercera generación).

Las Constituciones nacionales de los Estados de la América del Sur en las últimas décadas se han actualizado, incorporando y ampliando derechos, en consonancia con la evolución mundial en la materia y otorgando las garantías constitucionales para el pleno ejercicio de dichos derechos.

Asimismo, los Estados han suscripto los principales tratados internacionales, a los cuales en la República Argentina la Constitución reformada en 1994 les dio jerarquía superior a las leyes (art. 75, inciso 22), sin perjuicio de que los tratados y convenciones sobre derechos humanos, una vez aprobados por el Congreso, tienen jerarquía constitucional. Recordemos esos principales tratados y convenciones: Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, Colombia, 1948); Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948); Convención Americana sobre Derechos Humanos (Costa Rica, 1969); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Nueva York, 1966); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo (Nueva York, 1966); Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (ONU, 1948); Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Nueva York, 1967); Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ONU, 1979); Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Nueva York, 1985); Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989).

En el Tratado de Unasur, el art. 18 sobre Participación Ciudadana establece el objetivo de la participación plena a través del diálogo y la interacción amplia, democrática, transparente, pluralista, diversa e independiente con los diversos actores sociales. Además establece que los Estados miembros y los órganos de Unasur generarán mecanismos y espacios que incentiven la discusión de los diferentes temas garantizando que las propuestas de la ciudadanía reciban adecuada consideración y respuesta.

En el Protocolo Adicional sobre Compromiso Democrático (26 de noviembre de 2010) se reitera el compromiso con la promoción, defensa y protección del orden democrático, del Estado de Derecho y sus instituciones, de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de opinión y de expresión, como condiciones esenciales e indispensables para el desarrollo de su proceso de integración, y requisito esencial para su participación en la Unasur.

La construcción de ciudadanía regional es un tema donde la educación y la cultura tienen un papel fundamental por los valores en juego: integración en base a cultura, valores de justicia social, de afirmación de identidad y de compromiso común. Así, para afirmar la identidad, el programa Somos Mercosur (2005) desempeñó un papel fundamental al promocionar una Ciudadanía del Mercosur.

Cabe recordar las enseñanzas de Paulo de Tarso Santos: educar para la integración supone un cambio de valores ético-sociales, que pasan a valer para todas las actitudes y los comportamientos sociales que respalden la integración. De tal manera, el aislamiento será un antivalor, y en cambio pasará a ser valor todo comportamiento que supere aspectos de las conciencias nacionales aisladas en clima de consenso. Se advierte entonces que la escuela pasa a ser un centro de transformación social y de formación de la autoconciencia regional.

En forma reiterada se ha definido a:

La cultura como resultado de la interacción de los hombres en un medio.

La cultura como herencia social de los pueblos. Como proyecto compartido.

La cultura, en fin, como forma de vida, como expresión de las “razones de vivir” de individuos, grupos y sociedades.

Se ha sostenido que la integración cultural es unidad en la diversidad. Siguiendo las reflexiones de Gregorio Recondo, decimos que integración cultural significa partir de la aceptación de las diferencias de cada sociedad para intercomunicar sus culturas y fortalecer entre los pueblos de la región “la conciencia de una común identidad histórico-cultural”. Esto supone una coincidencia de valores fundamentales que se expresa –a través del dialogo intercultural– como unidad en la diversidad.

En la América sureña la educación superior y las universidades pasan a ser centros de transformación social y formación de autoconciencia regional, fortaleciendo la creación de ciudadanía regional.

A medida que la ciudadanía conozca sus derechos y cuente con las consiguientes garantías para que pueda ejercerlos, se irán configurando sociedades participativas donde los ciudadanos y profesionales sean capaces de construir una sociedad más justa e igualitaria.

Es de destacar que para la formación de jóvenes futuros dirigentes del proceso de integración, y la construcción de la masa crítica necesaria con fuerte vocación latinoamericana, Brasil ha creado la UNILA (Universidad de la Integración Latinoamericana), una universidad federal y pública para contribuir a la integración mediante el conocimiento compartido y la solidaridad entre nuestros países. Sus objetivos y fundamentos, la creación del Instituto Mercosur de Estudios Avanzados (IMEA), la conformación de diez cátedras latinoamericanas, el proyecto y diseño de la nueva universidad a cargo del talentoso arquitecto Oscar Niemeyer, su localización en Foz de Iguazú, la participación de profesores y alumnos provenientes de distintos países latinoamericanos en una proporción del 50 por ciento, hacen de este proyecto educativo cultural de la UNILA, único y fundamental, construyendo la Patria Grande en nuestra América sureña.

Conclusiones

En el ámbito de nuestra América sureña, al comienzo del siglo XXI ha llegado la hora del entendimiento por parte de los Estados nacionales. Ha surgido la conciencia de que unidos en una organización, con personería internacional y actuando como bloque regional para la inserción internacional, sobre la base de las inmensas riquezas y recursos naturales existentes, nuestra región constituye en conjunto la quinta economía mundial.

En la Unasur se integran países que ostentan diversas y variadas políticas, algunos sustentan un clima de época de los años ’90, otros se han apartado de esas políticas con fuertes críticas, y otros avanzan por un rumbo socialista.

La Unasur, los Estados miembro, sus gobiernos, sus ciudadanos, los actores sociales, profesionales, estudiantes, sindicalistas, empresarios, docentes, todos tienen por delante el desafío de construir unidad en la diversidad.

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Artículos de este número

Bernardo Kliksberg
Reconstruyendo el Estado en la Unasur
Dante Dovena
Unasur: única vía
Carlos Raimundi
América latina en busca de su autonomía
Ruy Carlos Pereira
El Mercosur y la Unasur en la actual coyuntura
Francisco Dos Reis
El rol de las mipymes en la transformación productiva regional
Hugo Andrade Joaquín Salzberg
La agenda de la inclusión social en la educación superior
Victorio Paulón
Fortalezas y debilidades de la Unasur
Alessandra Minnicelli / Mariana Galli Basualdo
El ambiente y los recursos naturales. Su sostenibilidad basada en la planificación estratégica, soberana y socialmente responsable
Gerardo Caetano
Uruguay y la perspectiva sudamericana
Sebastián Valdomir
El rol de los gobiernos locales en la profundización de la integración regional
Mariano Luna
La integración productiva en la Unasur
Consejo Asesor de Estrategia Energética. Secretaría de Energía de la Nación.
Matriz energética nacional y su vinculación con la región
Carlos de la Vega
Unasur y la defensa estratégica regional
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Logística, información y articulación al servicio de la producción y la integración
Miguel Gaya
El rol de los sistemas de garantías en la dinámica productiva regional
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Derechos y garantías ciudadanos en la Unasur
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Unión Sudamericana: Nadie puede solo

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