La perspectiva industrial argentina

La perspectiva industrial argentina

Por Enrique M. Martínez

La idea de la producción industrial está fuertemente asociada a la de evolución económica. Pero para lograr un desarrollo sostenido en nuestro país es necesario garantizar que los productores de cualquier dimensión tengan igualdad absoluta de condiciones con las primeras marcas. Es hora entonces de repensar el rol del Estado, tanto como regulador de ciertas actividades como en su rol de empresario, sumando en esta instancia porciones crecientes de la ciudadanía.
 
Coordinador del Instituto para la Producción Popular (IPP)


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En la puja cultural que siempre caracteriza a las comunidades, que es especialmente fuerte en los países de la periferia mundial, se ha identificado a la producción industrial como una especie de escalón superior en la evolución económica, superando a la producción agropecuaria y en tránsito a la posmoderna sociedad del conocimiento, donde los servicios serían el componente central. Como esa secuencia se corresponde con etapas históricas de la humanidad de los últimos 300 años, es un lugar común sostener que repetir la experiencia de los países centrales nos hace iguales a ellos, o al menos subcentrales, si esa palabra existiera. No es una justificación suficiente para ocuparse a fondo de la industria, sobre todo si se advierte que la etapa siguiente, la de la dominancia de los servicios, tiene facetas muy cuestionables desde la eficiencia social y tiene más justificación en las deficiencias del capitalismo globalizado que en sus virtudes. La importancia del tema emerge del sentido común. Aplicar inteligencia y organización social a agregar valor para fines comunitarios a los frutos de la tierra, sean recursos renovables o –con más agudeza y urgencia– no renovables, puede asegurar mejor calidad de vida colectiva. Tanto por los bienes obtenidos en ese tránsito como por el tejido que se genera, que multiplica geométricamente las posibilidades de trabajo creativo, de orientación de vocaciones personales o de nuestros hijos, de construcción de patrimonios repartidos masivamente en la ciudadanía. Eso es la actividad industrial y esa es su justificación primaria. Hay efectos secundarios de la actividad. Algunos positivos y otros negativos. En la medida que la industria no se basa exclusivamente en bienes extraídos de la naturaleza, sino que utiliza máquinas, agrega otros insumos o componentes producidos por otras industrias, compra tecnología para ejecutar sus procesos, cada unidad productiva importa proporciones variables de los bienes finales o intermedios que produce. Asimismo, dependiendo de la identidad, el costo relativo y las vinculaciones comerciales, cada empresa puede exportar parte de lo que manufactura. Ese intercambio, sumado a posibles remesas de utilidades al exterior en caso de que parte o todo el capital sea propiedad de residentes de otro país, configura un balance de divisas propio; define una propensión a invertir o reinvertir en el país; caracteriza la utilidad –o la desutilidad– de una actividad industrial, en la condición que se dé en el país. No suelen ser esos los parámetros con que se juzga la presencia de una empresa industrial. Erróneamente se reduce su evaluación a la ocupación directa que genera, cuando en caso de que se analice toda la cadena señalada, se podría –y debería– medir la ocupación directa e indirecta, a la vez que los efectos sobre el balance comercial, la salud financiera global y la perspectiva de inversión del país, la generación de tecnología, parámetros que si se quieren reducir a trabajo generado, podrían bloquear esta generación en términos presentes y, ostensiblemente, en términos futuros.

Encuadre conceptual de la industria en la Argentina presente

La producción industrial representa alrededor de un 20% del Producto Bruto Interno (PBI), al cual debe añadirse una parte significativa de los servicios, que no existirían sin industria, además de la industrialización minera y petrolera, que se computan en forma independiente. En tiempos de gigantismo del sistema financiero y de algunos segmentos comerciales, en todo el mundo, esas cifras son aceptables. Las dificultades, bien serias por cierto, no aparecen en las cifras del agregado macroeconómico de aporte al PBI. El primer problema cuantitativo es el fuertísimo saldo negativo de la balanza comercial industrial, que es estructural, ya que se presenta en tiempos de crisis –como en 2001– y se incrementa en tiempos de expansión, como en los 10 años siguientes. La industria automotriz, la industria ensambladora de equipos electrónicos y todo el sector de bienes de capital son los principales actores negativos en esta despareja relación con el mundo. Por otro lado, la siderurgia y la industria alimenticia son los sectores con nítida posición favorable. El segundo problema cuantitativo se origina en la composición accionaria de las empresas líderes y de un buen número de empresas menores, que son proveedoras de aquellas, especialmente en la cadena automotriz. Al tratarse de filiales de corporaciones multinacionales, la remisión de utilidades agrega una presión adicional a la debilidad de nuestra balanza de pagos. En el mismo acto se agrega otra fragilidad con efectos cuantitativos para nuestra economía, porque esas utilidades giradas se restan de las inversiones de los años siguientes en nuestro país. Esos pagos han llegado a máximos anuales equivalentes al 18% de la inversión industrial, que es una cifra muy relevante, además de tener en cuenta la incertidumbre que genera sobre el pronóstico de desarrollo el hecho de que exista una opción concreta de derivar las inversiones al exterior. Además de los temas ostensibles, que afectan la balanza comercial y la balanza de pagos del país, hay un elemento adicional, normalmente invisibilizado, que pone en jaque la paz social de la Nación. Lamento ser algo grandilocuente en la afirmación, pero no hay manera de calificar de otro modo al comportamiento de un actor productivo cuyos intereses objetivos lo llevan a bloquear el aumento del salario real de sus trabajadores, provocando un verdadero efecto cascada que se contagia al conjunto de la economía. En efecto, una filial de una corporación multinacional actúa por supuesto bajo las leyes nacionales, pero con objetivos empresarios corporativos que la llevan a competir con otras filiales del grupo. En esa competencia debe demostrar que su rentabilidad es suficientemente alta como para que se le puedan asignar fracciones crecientes del negocio global. Esa rentabilidad depende de numerosos factores. Sin embargo, con un criterio bien básico del capitalismo, las corporaciones suelen utilizar la relación entre salario y productividad para calificar a un país en términos relativos de calidad de clima de negocios. Las mejores cifras de un parámetro que no es habitual que sea estimado por organismos nacionales de estadísticas, y cuya medición queda entonces a cargo de estudios especiales de investigación, suministran algunos datos interesantes de fijar: 1) La productividad industrial de la Argentina, Brasil y México es muy similar y ronda el 28/30% de países como Francia o Estados Unidos. 2) A su vez la productividad industrial (PI) en el mundo central también converge en una banda donde las diferencias entre extremos es de un 10%. 3) El crecimiento de la PI ha tocado picos de 3% anual en China o Corea del Sur, pero en series largas crece alrededor del 1,3/1,5% anual en el mundo central. 4) En Latinoamérica, ese aumento es del 0,8/1% anual, con lo cual la brecha se ensancha.

La implicancia práctica de estas cifras es que cuando el salario real en un país como la Argentina se acerca al 30% del salario real francés o norteamericano, se encienden luces amarillas que ponen nerviosos a los gerentes locales de corporaciones, que pasan a señalar que “los salarios están altos en dólares” y señalan dos caminos: o devaluar o trasladar unidades de negocios a otros países. Un escenario industrial signado por los elementos cuantitativos mencionados, que presionan sobre nuestro flanco débil –la disponibilidad de divisas– y por los elementos de estrategia empresarial específicos de las corporaciones, plantea horizontes muy endebles para la calidad de vida general. En efecto: se podría resumir la conclusión señalando que en el actual contexto el crecimiento está vinculado a salarios reales bajos en términos internacionales. Para agravar esa conclusión cabe agregar que esa comparación se debería aplicar a sectores de alta intensidad de trabajo y poca tecnología (indumentaria y calzado) o a sectores de mediana complejidad, en que la tecnología la define la casa matriz, con alta densidad de ocupación (ensamblado automotriz o electrónico; línea blanca). En ningún caso estaríamos hablando de salarios bajos en comparación con niveles vigentes en el mundo central para industrias de punta, lo cual definiría escenarios al menos tolerables para pensar sobre ellos una estrategia de desarrollo.

Dos horizontes: uno dependiente y otro autónomo

La perspectiva industrial, en un contexto con muchas tensiones internacionales por la poca dinámica de la economía global, combinado con políticas públicas que trasladan a los actores privados buena parte de las decisiones, sin fijar prioridades significativas, exige mucha reflexión y prudencia. Una posibilidad bien concreta –tal vez la de mayor probabilidad de ocurrencia en el contexto político actual– es que se ponga el énfasis en crear condiciones que los dueños del capital perciban como favorables y que en consecuencia se deje a estos actores la iniciativa de qué y cómo producir. En tal caso, las situaciones previsibles son: profundización de la concentración en la industria de bienes de consumo no durables, especialmente en la alimentación, ya que si subsisten las dificultades para exportar en un mercado mundial sobreofertado, el mayor poder económico de las empresas líderes continuará desplazando o absorbiendo a las empresas más pequeñas. Negociación permanente con las terminales automotrices o electrónicas, ante la posibilidad de trasladar actividad a Brasil –las primeras– o al sudeste asiático –las últimas–. Creciente competencia de importación en los rubros sensibles tradicionales, como indumentaria, calzado, muebles. Continuidad de la desarticulación en las cadenas de valor con liderazgo multinacional, debida a la tendencia de las empresas a preservar a sus proveedores externos y ante la dificultad para la aparición de proveedores nacionales, ya que las terminales no comparten desarrollos tecnológicos en casi ningún caso. Como resumen de todo lo anterior, un sector industrial que no implementa su potencial de ocupación en el país, especialmente de los segmentos con mayor valor agregado y que mantiene y profundiza sus efectos negativos sobre la balanza comercial y la balanza de pagos.

Al solo efecto de establecer pautas comparativas, se detalla a continuación un conjunto de acciones que podrían ser más amigables para el futuro nacional, siendo a la vez compatibles con un grado importante de independencia en la toma de decisiones para la actividad empresaria.

En primer término, deberían aparecer un conjunto de acciones, que pueden ser una amplia gama, para respaldar a la producción popular de alimentos, de indumentaria, toda la gama de bienes de consumo no durables, estableciendo con base institucional las formas que acerquen estas producciones a los consumidores. Al presente, desde la salida de fábrica hasta el consumidor un alimento aumenta su precio al menos un 80% y una prenda de vestir al menos 200%, a pesar de que solo el primer eslabón de la cadena industrial le agrega valor al producto final. En el Departamento de Agricultura de Estados Unidos una oficina lleva estadísticas desde hace muchos años de la relación de precios entre el producto en puerta de chacra y el producto listo para consumir. En ningún caso la situación argentina resiste la comparación. Pocos estudios comparativos se podrían hacer que dejen más en evidencia la ineficiencia abusiva de nuestros sistemas de distribución y comercialización minorista. El concepto de democracia económica, que asegure la libertad de trabajar, producir y comerciar, no puede seguir asociado –paradojalmente– al reclamo de los más poderosos para poder avanzar sin restricciones en el mercado internacional y también en el mercado interno. Es necesario, por el contrario, que los productores de cualquier dimensión tengan derecho a transportar su mercadería por toda la geografía argentina y –en cada lugar– tengan derecho a exhibirla y venderla en los lugares de concentración de consumidores, en igualdad absoluta de condiciones con las primeras marcas. Ideas tan básicas se plasmaron en una sólida legislación en Estados Unidos hace 80 años y buena parte de los conceptos han sobrevivido a la presión de una economía que no ha dejado de concentrarse. Los resultados han sido tibios y por lo tanto debe crearse un marco protector de la libertad de acción de la industria más pequeña, que supere la concepción de aquel entonces. Una de las alternativas que sería importante estudiar es el dictado de normas que ayuden a segmentar algunos mercados donde la Argentina tenga potencial exportador significativo. Una política inteligente en estos espacios daría beneficios a empresas con capacidad de venta externa, condicionados a que cedieran parte del mercado interno a empresas más pequeñas, en condiciones de concurrencia amplia. De tal modo se lograría habilitar un trabajo más distribuido, a la vez que mayor competitividad externa para algunas unidades. En los sectores de bienes durables, casi todos ellos liderados por filiales de multinacionales, es imperioso definir explícitamente por qué la Nación quiere que se produzcan esos bienes. Es claro que esas industrias aseguran gran volumen de empleo; diseminan tecnología a sus redes de proveedores; constituyen un tejido que a través del trabajo mejora nuestra comunidad en varios aspectos. Debe quedar claro, sin embargo, que eso es lo que necesitamos y nos interesa y no tiene que suceder a cambio de problemas en nuestra disponibilidad de divisas, que pueden anular las ventajas mencionadas e incluso superarlas. En lugar de premiar con beneficios impositivos una integración nacional de componentes, que parece ser el reclamo empresario con aristas de chantaje, deberíamos premiar resultados más solventes. A saber: una política impositiva solvente debería premiar a una empresa a partir de que su balance integral de divisas (exportaciones menos importaciones por todo concepto, giro de utilidades, regalías u otros servicios) pueda mostrar resultados positivos. Contrario sensu debería castigar impositivamente a quienes tengan saldos negativos. Una decisión de ese tipo simplemente marca qué desea el país de esas empresas y enfatiza qué es lo que no queremos. A partir de allí, tendrían varios menús de decisiones posibles: exportar equipos terminados o componentes; desarrollar proveedores nacionales; reinvertir utilidades en el país. Lo que importa es el saldo agregado y no acciones menores o parciales.

Para la industria de insumos difundidos, incluyendo la industria petrolera o minera o de generación de energía, el país tiene la posibilidad de imitar experiencias positivas europeas de asociación público privada en que hay dos tipos de socios privados: uno que aporta tecnología y otro que aporta capital, donde el segundo es en realidad la ciudadanía, que vuelca sus ahorros a esos ámbitos, con tasas mínimas que garantizan su retorno y participación en las utilidades. De la mítica y ya obsoleta industria estatal se debe pasar a empresas transparentes, con mayoría de capital estatal, pero con participación amplia de la ciudadanía en su financiamiento, respaldándose en la confianza que implican proyectos bien concebidos y bien controlados. Finalmente, es necesario un párrafo sobre la industria de bienes de capital. Este es el sector que distingue a un país desarrollado y autónomo de los que no lo son. Basándose en reales o ficticias urgencias, cada uno de los gobiernos ha postergado y hasta sacrificado este sector, exponiendo la necesidad de asegurar el financiamiento de la obra pública; renovar una red ferroviaria en un par de años; cubrir un déficit energético acumulado por décadas; y así siguiendo. La falta de auténtico planeamiento detrás de esas decisiones se pagó y sigue pagando con centenares de miles de puestos de trabajo calificado y con muchos miles de millones de dólares por año. Es necesario construir desde lo que ha sobrevivido a tanto descuido y desde un menú básico de necesidades de la industria más dependiente de bienes de capital de alta calidad. La industria petrolera; buena parte de la industria mediana; hasta los talleres de indumentaria, utilizan equipo importado que admite una progresiva sustitución por oferta nacional, en un proceso de protección y de exigencias combinadas, que se puede nutrir de la lógica impulsada por el gran Aldo Ferrer hace más de cuarenta años.

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Las deudas de la Democracia I

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