La inseguridad jurídica tiene rostro petrolero

La inseguridad jurídica tiene rostro petrolero

Por Diego Di Risio* y Hernán Scandizzo**

Las industrias extractivas, junto con el corrimiento de la frontera agraria, han afectado históricamente a los territorios indígenas. En los últimos años, este proceso redobló su impulso y por lo tanto su impacto en las comunidades. Es el Estado el que debe intervenir y controlar para lograr el respeto pleno de los derechos de los pueblos indígenas.
 
*Lic. en Ciencia Política, UBA. Miembro del Observatorio Petrolero Sur (OPSur) ** Periodista. Miembro del Observatorio Petrolero Sur (OPSur)


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“El país –tan necesitado como está de ellos [caminos]– se encontrará con una red maravillosa de carreteras útiles, sobre todo en esta región selvática, que antes del petróleo era el refugio de los indios y foco de fiebres palúdicas”, escribió el periodista Juan José De Soiza Reilly en La República Argentina vista con ojos argentinos. El asunto del petróleo, libro publicado en 1934. En esas crónicas del norte salteño no se contemplaban los derechos territoriales de los pueblos indígenas, no eran tema de debate en la época; sí se subrayaba que la civilización llegaba a los confines del país de la mano de la empresa estadounidense Standard Oil con “caminos, oleoductos, campamentos, líneas telefónicas, tanques enormes que surgen en medio de la selva como catedrales de aluminio”¸ necesarios para la explotación de sus riquezas. Ocho décadas después el debate sigue pendiente, los descendientes de aquellos indios pugnan por no ser sacrificados nuevamente en nombre del progreso.

La tensión quedó expresada en mayo de 2010, en vísperas de la celebración del Bicentenario, cuando una delegación de representantes de pueblos indígenas fue recibida en la Casa Rosada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En aquella oportunidad le plantearon a la mandataria la necesidad de limitar el avance de los proyectos extractivos sobre sus territorios. La voz cantante la llevó Milagro Sala, principal referente del Movimiento Tupac Amaru. La respuesta fue contundente: “Si hay petróleo en un lugar y los que están allí tiene que ser… en todo caso llevar a ese contingente, de compañeros, a otro lugar exactamente con las mismas características y condiciones, pero no podemos dejar, Milagro, de sacar el petróleo, porque lo necesitamos para poder desarrollarnos, para poder vivir”. La reconstrucción de aquella reunión la realizó el periodista Darío Aranda, en base a audios de ese encuentro, y fue publicada en la revista Mu en octubre de 2011.

La única opción que se puso sobre la mesa aquel otoño fue el traslado, a contrapelo de lo que no sólo en la Argentina sino a nivel mundial demandan los pueblos indígenas. También a contrapelo de los instrumentos jurídicos, que exigen que se consulte de forma libre, previa e informada antes de la adopción y ejecución de cualquier decisión legislativa o administrativa que afecte sus derechos fundamentales. Es más, en los casos de proyectos de extracción de recursos naturales, el consentimiento es obligatorio debido a la afectación sanitaria y nutricional, el potencial agotamiento de los medios de subsistencia y la migración o el posible reasentamiento que conlleve (desorganización social y comunitaria). Es obligatorio porque está en juego la misma reproducción y existencia de un pueblo.

Aquella charla trascendió por la jerarquía de quienes participaron, pero con otros términos y actores tuvo lugar decenas de veces en otros despachos oficiales. A pesar de la incorporación formal de los derechos indígenas –reforma de la Constitución nacional en 1994, ratificación de instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas– en las últimas dos décadas la violación de estos derechos desde el ámbito público resulta sistemática y generalizada, siendo recurrente la represión y judicialización de autoridades tradicionales que encabezan reclamos. En este proceso, subyace aggiornada la idea de desierto que en el siglo XIX precedió a la ocupación militar de la Patagonia y el Chaco y la incorporación de esos vastos territorios a la economía capitalista.

Situaciones derivadas de la recreación del desierto fueron documentadas a fines de 2011 por James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas para la Situación de los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas. En septiembre de 2012 presentó en Ginebra las conclusiones y recomendaciones al Estado argentino luego de la visita al país. Si bien señaló que se dieron “pasos importantes” para reconocer derechos, subrayó “la inseguridad jurídica de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales”. Apuntó que “los proyectos agropecuarios y de industrias extractivas existentes en Argentina han afectado a un conjunto de derechos de los pueblos indígenas, incluyendo sus derechos a sus tierras y recursos naturales, así como sus derechos a la alimentación, la salud, y el desarrollo”. En su informe también resaltó que “el Estado debe controlar al sector privado, a las empresas que extraen recursos (naturales). Si eso no sucede, no hay respeto pleno para con los pueblos indígenas”.

Antecedentes

Los conflictos derivados de la actividad hidrocarburífera en territorios indígenas comienzan a visibilizarse hacia mediados de la década de 1990, no porque en años anteriores la relación haya sido armónica, sino que el proceso de emergencia política de los pueblos originarios y el reconocimiento de derechos colectivos por el Estado generaron condiciones para poner de relieve esta problemática que permanecía soslayada.

En esos años de privatizaciones, los hidrocarburos dejaron de ser un recurso estratégico para transformarse en un commodity. La apertura a los mercados internacionales demandó obras de infraestructura, entre ellas, once gasoductos para exportar este combustible, principalmente hacia Chile. Uno fue el Norandino, cuyo tendido entre Salta y Jujuy atravesó el territorio de varias comunidades, incluido el de la kolla Tinkunaku, en Orán. Los comuneros reclamaron el respeto a sus derechos territoriales y la protección de la selva de Yungas. La demanda tuvo gran repercusión mediática en su momento pero quizá, por la intervención de una organización ecologista de presencia internacional, se la recuerde más como una de las primeras cruzadas para evitar la extinción del yaguareté.

Por esos mismos años las comunidades mapuche Kaxipayíñ y Paynemil, cercanas a la localidad de Añelo (Neuquén), también hicieron oír su voz. En sus territorios se encuentra el yacimiento Loma La Lata, la principal reserva de gas del país. En 1997 tomaron estado público estudios realizados por el sistema de salud pública provincial que confirmaban la presencia de metales pesados en el organismo de los comuneros a raíz de la contaminación del suelo, agua y aire que sufre el lugar. La falta de respuestas apropiadas por parte de las autoridades provinciales, que se negaban a realizar obras para garantizar a las comunidades el suministro de agua potable, llevó a que se presentara una demanda contra la Argentina en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue aceptada por la Corte Interamericana (caso 12.010). En tanto, está sujeta a resolución una causa judicial por la remediación de los daños ambientales.

Contexto

En el escenario energético nacional hay tres datos insoslayables. El primero, la preponderancia de los combustibles fósiles como fuente de energía primaria: para 2010, el gas representó el 50%, mientras que el petróleo el 40%, según datos del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. El segundo, la caída en los niveles de extracción: el pico de producción de petróleo se alcanzó en 1998 y en 2004 el del gas, según cifras de la Secretaría de Energía de la Nación. El tercero: el país tiene 8 años de reservas probadas de gas y 11 de petróleo, según la misma secretaría.

Ante este panorama las políticas energéticas no apuntan a la diversificación de la matriz, por el contrario, el horizonte es lograr el autoabastecimiento y generar saldos exportables de combustibles fósiles, principalmente a partir del desarrollo de yacimientos no convencionales: gas y petróleo de pizarra/shale y arenas compactas/tight sands, y gas de mantos de carbón/coalbed methane. Según se manifiesta en el Plan Estratégico de YPF 2013-2017 presentado por su CEO Miguel Galuccio.

Alcanzar esas metas implica la ampliación de la frontera extractiva hacia regiones con escasos o nulos antecedentes de la industria petrolera, donde prevalecen otras vocaciones productivas y relaciones con el territorio. Los objetivos planteados profundizan un proceso que se inició en la década pasada, cuando las áreas secundarias comenzaron a tener mayor relevancia ante la caída de la producción en las centrales; que se visualizó con mayor claridad a partir de la sanción de la ley 26.197 –Ley Corta–, que culminó el proceso de transferencia del dominio de los hidrocarburos de la Nación a las provincias. A partir de ese momento no sólo las diez provincias productoras de hidrocarburos licitaron nuevas áreas de exploración y explotación, sino que las trece restantes tomaron el mismo rumbo, sea sancionando el marco jurídico para el desarrollo de esta actividad u otorgando bloques a empresas. El caso paradigmático de la ampliación de la frontera a partir de los no convencionales lo constituye, sin dudas, la Cuenca Chacoparanaense, que abarca las regiones chaqueña y mesopotámica; allí sólo las provincias de Salta y Formosa se cuentan entre las productoras.

En territorio

El avance sobre áreas secundarias significó, en el caso de Neuquén, un aumento de la presión sobre comunidades mapuche cercanas a las ciudades de Zapala y Cutral Có. Si bien desde finales de la década de los ’90 la conflictividad en esa zona se hizo palpable, a raíz de los trabajos realizados por la empresa Pioneer (hoy Apache) en territorio de Logko Puran y Gelay Ko, en los últimos años se incrementó considerablemente. En la provincia, 21 comunidades están afectadas por esta industria, sobre un total de 60, sea porque ya se explotan hidrocarburos o porque sus territorios fueron concesionados para la exploración.

La economía de estos pobladores rurales está centrada mayormente en la cría de chivas y se desarrolla en regiones secas, donde el acceso al agua y a pasturas es difícil. El ingreso de las petroleras implica una disputa por el suelo y el agua, la apertura de caminos y locaciones para la perforación de pozos, así como el despliegue de infraestructura se traduce en la pérdida de vegetación e incremento del proceso de desertificación –en una zona que en el último lustro está sufriendo una profunda sequía, agravada por la caída de cenizas volcánicas–. Mientras que respecto del agua, la competencia se da tanto en el uso –durante la perforación y extracción– como el alto riesgo de contaminación, propio de esta industria.

El escenario neuquino en buena medida se replica en el norte de Salta, que además sufre la presión del avance de la frontera agropecuaria, con el desmonte de miles de hectáreas en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia. En estos contextos la falta de implementación de los mecanismos de participación indígena también genera las condiciones para que las empresas lleguen a acuerdos con parcialidades de la comunidad, lo que redunda en el debilitamiento y fragmentación de la organización tradicional.

La irrupción de los no convencionales profundiza el rumbo. Las primeras experiencias de este tipo de explotación se están llevando adelante en tierras indígenas, como el pozo perforado por la empresa Apache en el área Anticlinal Campamento, territorio de la comunidad Gelay Ko, y los diferentes proyectos para extraer gas y petróleo de la formación Vaca Muerta en Loma La Lata, que involucran directa o indirectamente a las comunidades Kaxipayíñ y Paynemil.

Fronteras movedizas

Neuquén

La concesión en 2007 de las áreas Los Leones, Ramos Mexía y El Umbral, a Petrolera Piedra del Águila, afectó el territorio de la comunidad Huenctru Trawel Leufú, ubicada en las afueras de Picún Leufú. Ese fue el desencadenante de un grave conflicto donde la negativa de los mapuche a permitir el ingreso de la empresa fue respondida con represión policial, procesos de judicialización, violencia y atentados perpetrados por grupos de civiles. En febrero de 2011 el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Cutral Có desestimó un amparo presentado por Petrolera Piedra del Águila para que se garantice su acceso al territorio de la comunidad. El magistrado no hizo lugar al recurso porque el gobierno provincial había adjudicado dichas áreas sin cumplir con las obligaciones que emanan de la legislación indígena.

También en 2007 las áreas Zapala y Laguna Blanca, en el centro de la provincia, fueron concesionadas a la empresa Pluspetrol. A partir de ese acto administrativo, de manera inconsulta, se habilitó la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio de doce comunidades mapuche –Gramajo, Kajfvkura, Felipin, Paineo, Cheuquel, Cayupan, Millaqueo, Kimchao, Rams, Zuñiga, Marifil y Zapata– para la exploración y explotación de hidrocarburos. Lo mismo sucedió con las comunidades Wiñoy Folil, Maliqueo y Marifil, donde realizan trabajos de exploración las empresas Chevron, Fox Petrol y Total. Si a la lista agregamos Gelay Ko, Logko Puran, Paynemil, Kaxipayíñ, Huenctru Trawel Leufu y Winkul Newen, son veintiuna comunidades las afectadas de una u otra manera por proyectos hidrocarburíferos.

Río Negro

En 2008, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) informó en la reunión 79 de la Comisión de Expertos en la aplicación de Convenios y Recomendaciones de OIT, que el gobierno rionegrino concesionó catorce áreas para la exploración de hidrocarburos, a través del Plan Exploratorio Hidrocarburífero Provincial 2006-2007, afectando territorio mapuche. Este proceso se llevó a cabo sin la aplicación de los mecanismos de consulta que garantizan a los pueblos indígenas el derecho al territorio y participación en la administración de sus recursos. En los últimos años se han registrado diferentes situaciones de conflicto por exploración y explotación de hidrocarburos que afectan a comunidades Kemé Nehuén Pehutún Tañiché, Quiñe Traun Peñi y Leufuche, ubicadas en los alrededores de las ciudades de Catriel y Gral. Roca.

Salta

En 2006 y 2007 el gobierno de Salta realizó rondas licitatorias a través de las cuales adjudicó dieciséis áreas, mientras que otras once fueron cedidas de manera directa a través de la empresa REMSA, controlada por la provincia. El proceso también se llevó adelante sin participación indígena, a pesar de estar afectados los territorios de diversos pueblos. Esto originó conflictos en los departamentos Rivadavia y Gral. San Martín, a partir de la concesión de las áreas Morillo y Hickmann, que afectan a las comunidades wichí nucleadas en la Organización Zonal Tch’ot Lhamejenpe –de Rivadavia Banda Norte– y la Federación Wichí de la Cuenca del Bermejo –de Embarcación–. Desde comienzos de 2010 ambas organizaciones han denunciado presiones tanto de representantes de las empresas operadoras –UTE Maxipetrol y Tecpetrol, respectivamente– como de efectivos de la policía provincial para que se garantice el ingreso a los territorios comunitarios y el normal desarrollo de sus trabajos. La Federación Wichí presentó ese mismo año un recurso de amparo y una medida cautelar para frenar las obras de Tecpetrol pero fueron rechazados por la Justicia salteña.
También la concesión del área Tartagal Oriental a la UTE Maxipetrol produjo malestar en las comunidades wichí ubicadas a la vera de la ruta nacional 86, zona que sufrió fuertemente los desmontes derivados de la ampliación de la frontera agroindustrial. Este bloque también fue otorgado sin participación indígena y las tensiones generadas por el ingreso de la petrolera se dirimieron en acuerdos entre representantes de las comunidades y de la operadora, propiciados por el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, que no se ajustaron a la legislación indígena.

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Artículos de este número

Silvina Ramírez
Prefacio
Juan Manuel Salgado
Los pueblos indígenas en el derecho internacional
Silvina Zimmerman
El derecho indígena a la tierra y al territorio en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos
Silvina Ramírez
Constituciones progresistas, modelos de desarrollo y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas
Eduardo Raúl Hualpa
Reflexiones sobre la discriminación, los derechos indígenas, algunos fallos y fallidos
Lorena Gutiérrez
El derecho de acceso a la tierra. ¿Existen en nuestro país herramientas que faciliten su defensa?
Manuel Alberto Jesús Moreira
La pericia antropológica en los conflictos judiciales de los pueblos originarios
M. Micaela Gomiz
Nuevo Código Civil: una reforma sorda y ciega, pero no muda
Francisco Ernesto Nazar
Los Qom, los otros y el nosotros. Realidad, alteridad e interculturalidad
Lorena Cardin
En diálogo con el líder qom Félix Díaz
Darío Aranda
Soja sí, indígenas no
Morita Carrasco
Derrotero de un reclamo de tierras indígenas en la Argentina: un caso irresuelto por omisión del Estado
Fernando Kosovsky
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Stella Marys Martínez y Julio César García
Atrapadores de oxígeno. La esperanzadora lucha de los Mbya Guaraníes
Diego Di Risio y Hernán Scandizzo
La inseguridad jurídica tiene rostro petrolero
Julio César García
Territorio de resistencias. La región chaqueña

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