La economía social y las cooperativas en la Argentina

La economía social y las cooperativas en la Argentina

Por Mirta Vuotto

El propósito principal de las cooperativas es satisfacer en común las necesidades de sus miembros en lugar de maximizar los beneficios de los accionistas. Su especificidad radica en su forma de propiedad, la estructura asociativa y de control y el modo de distribución de los excedentes. A continuación, un repaso por la evolución del cooperativismo en nuestro país, y el rol del Estado en el desarrollo del sector.
 
Directora del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires


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Las empresas cooperativas se encuentran insertas como las “otras empresas” en los mercados de bienes, servicios y trabajo, aunque su especificidad radica en su forma de propiedad, la estructura asociativa y de control y el modo de distribución de los excedentes, aspectos que en conjunto identifican su naturaleza y el modo de gobernanza.

La diferencia en cuanto a la forma de propiedad y su finalidad asociativa significa que su propósito principal consiste en satisfacer en común las necesidades de sus miembros, en lugar de maximizar los beneficios de los accionistas.

Su estructura de control –basada en el sistema un miembro = un voto– difiere del sistema de un voto por acción, propio de la mayoría de las empresas que operan en el sistema capitalista. Esa estructura y finalidad ayuda a la cooperativa a servir las necesidades comunes en lugar de las necesidades individuales y es un modo de garantizar que las personas y no el capital mantengan el control de la organización.

Con respecto a la asignación de excedentes, el contraste con las empresas convencionales reside en que las cooperativas distribuyen beneficios entre sus miembros-propietarios (quienes a la vez son usuarios-clientes, proveedor o empleado) sobre la base de los servicios que utilizan de su cooperativa y no sobre la base de las acciones que poseen en la empresa. También tienden a invertir excedentes en mejorar los servicios a sus asociados y promover el bienestar de sus comunidades. La constitución de reservas indivisibles explica a la vez la importancia de los fondos propios y la posibilidad de aprovechar temporalmente las reservas, mientras que su doble condición –asociación y empresa– integra los usuarios a los resultados positivos como negativos, y su modo de gobernanza participativo favorece la búsqueda de consenso entre sus miembros y los stakeholders, más allá del simple funcionamiento democrático.

Por todas estas características las cooperativas se encuentran en condiciones adecuadas para afirmar su desempeño basándose en estrategias de largo plazo, contrariamente al imperativo de corto plazo exigido por los accionistas y a la búsqueda de un rápido retorno de la inversión, rasgos habitualmente característicos de las empresas de capital.

Por su modo de producción de actividad, más que por la naturaleza de su actividad, las cooperativas se diferencian de las otras empresas. Su objetivo explícito, más allá de los objetivos eventuales de producción de bienes y servicios destinados a usuarios individuales, es contribuir a la cohesión social –especialmente reduciendo las desigualdades–, la solidaridad, la sociabilidad y el mejoramiento de las condiciones colectivas del desarrollo humano sostenible.

Contrariamente a las ideas generalizadas, las cooperativas pueden compatibilizar la respuesta a las necesidades de sus miembros con las exigencias de rentabilidad y viabilidad que exige el mercado. No se adaptan al mercado, influyen en él y juegan un activo papel regulador que actúa sobre las orientaciones que se adoptan en cada sector y dentro de los territorios. Esas razones permiten destacar su papel económico y su contribución al desarrollo local, aunque habitualmente se les asigne escasa importancia económica y perdure cierto escepticismo sobre la verdadera diferencia con las otras empresas. Incluso, aunque las cooperativas subestimen su influencia reguladora sobre los mercados, numerosos estudios comparativos –en casos de cooperativas de países europeos– han revelado que las reglas y principios de la organización influencian los comportamientos empresariales debido a la especificidad del compromiso social “cooperativo”.

Las diferencias precedentes permiten apreciar las contribuciones significativas al desarrollo económico y social de las comunidades en las que se encuentran establecidas y destacar, de acuerdo con la Alianza Cooperativa Internacional y la Organización Internacional del Trabajo, que las cooperativas en diferentes países pueden enfrentar mejor que las empresas convencionales los efectos coyunturales de la crisis y constituir una herramienta eficaz para ayudar a reducir el desempleo, aumentar la cohesión social y construir capital social.

Algunos datos sobre las cooperativas

Desde inicios del siglo XX el impacto de las cooperativas en el desarrollo local y su compromiso con la comunidad revelaron la capacidad de estas organizaciones a través de numerosos y muy variados modelos, expresando diversas formas de interacción en los territorios para la prestación eficaz de servicios a precios justos. Dichos servicios abarcaron desde la electrificación rural, alumbrado público, gas, telefonía y agua potable, hasta el crédito, provisión, vivienda, consumo, seguros y trabajo.

La estructura reciente del cooperativismo refleja las distintas transformaciones que se produjeron en todos los sectores de actividad, en particular desde la década de 1990.

Mientras que entre las 28.853 entidades registradas en 2014 en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) las cooperativas de trabajo son dominantes y han tenido un excepcional crecimiento entre 2001 y 2014 (Cuadro 1), las cooperativas agropecuarias, seguros y vivienda y en menor grado las de consumo, crédito y provisión fueron los sectores más afectados por la reducción de entidades activas y sus respectivas redes operativas. Esta tendencia, en algunos sectores, refleja procesos que han tenido lugar desde la década de 1960. Al respecto resulta ilustrativo mencionar el impacto en el sector de crédito de la aplicación de normas legales con un claro sentido restrictivo de la operatoria de las cooperativas al aplicarse un conjunto de normas prudenciales idénticas a las propias de las entidades financieras, desconociendo su carácter no lucrativo. Por ese motivo desde mediados de la década de los ’60 se produjo una drástica reducción del sector que llevó a que de las 974 cooperativas de crédito que operaban en más de trescientas localidades de diecisiete provincias y manejaban el 10,5% del total de los depósitos del sistema financiero se encontraran activas sólo 34 a fines de 1972. Del mismo modo, los 85 bancos cooperativos que funcionaban en 1979 quedaron reducidos a 2 en el año 2001.

En cuanto al empleo, exceptuando las cooperativas de trabajo –que no cuentan con empleados debido a que los asociados no mantienen con la cooperativa una relación laboral sino asociativa–, las cooperativas representan el 1,4% de los puestos de trabajo registrados por las empresas privadas del país. En la composición del empleo por tamaño se manifiesta una fuerte concentración en torno a las cooperativas más grandes, las que comprenden dos tercios de los puestos de trabajo del sector, con la consiguiente incidencia superior a la de este grupo de firmas en el total de la economía. La característica distintiva del sector cooperativo dada por la fuerte incidencia de las firmas de tamaño más grande parece indicar que su rol estabilizador del empleo se vincula con aspectos propios del cooperativismo más que con el tamaño de la empresa, como sucede en el resto de la economía con las pymes.

En cuanto a las cooperativas de trabajo y su evolución se debe subrayar un crecimiento ininterrumpido desde la década de los ’90 y especialmente desde 2003 al ser promovida su creación por medio de políticas sociales implementadas por el gobierno nacional a través de diversos programas y planes. Las 15.838 cooperativas de trabajo registradas en 2014 (Gráfico 1) fueron creadas a partir de los programas de Integración Socio Comunitaria, Manos a la Obra, Centros Integradores Comunitarios, Agua más Trabajo A+T, Capacitación con Obra, Obra Pública Provincial y/o Municipal y en particular por los programas de Inversión Social (PRIS) y de Ingreso Social con Trabajo (PRIST) implementados en 2009 (ambos representan el 51% del total de cooperativas de trabajo creadas por todos los programas mencionados).

La progresión del conjunto de cooperativas creadas entre 2003 y 2014 (+ 40%) permite destacar la magnitud de los recursos asignados a través de iniciativas gubernamentales centradas en particular en el financiamiento para su constitución. Los datos relativos a las metas físicas establecidas en el presupuesto anual que se eleva al Congreso de la Nación son ilustrativos de su importancia, aunque se trata de registros basados en los limitados indicadores que contienen las propias reglas de operación. Al respecto debe señalarse que en el caso del PRIST no existen estadísticas públicas y oficiales que informen sobre el número de trabajadores incluidos en las cooperativas creadas. El último informe sobre resultados del programa fue publicado por el Ministerio de Desarrollo Social en 2011 e indicaba para el mes de junio un total de 189.319 personas incluidas; hacia fines de 2012 un informe de la SIGEN consignaba que 202.178 cooperativistas del PRIST efectuaban actividades de saneamiento, equipamiento e infraestructura urbana, proyectos productivos especiales y mejoramiento de barrios en once provincias. En ausencia de evaluaciones sobre el desarrollo de los programas resulta dificultoso caracterizar sus resultados y alcance y apreciar sus impactos en la población que se trata de beneficiar.

Asimismo se debe mencionar en la evolución del cooperativismo de trabajo la institucionalización desde 2001 de nuevas organizaciones –constituidas a partir de empresas en concurso de acreedores o en quiebra que fueron recuperadas por sus trabajadores– que llegaron a conformar un grupo de algo más de 300 cooperativas en 2014, en su mayoría localizadas en el área metropolitana de Buenos Aires, en las provincias de Santa Fe y Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires. El balance de esas experiencias permite valorizar un fenómeno cuya expresión más clara no radica en su relevancia y significación como hecho económico, sino en la posibilidad de conferir sentido a las prácticas sociales que cuestionaron el ejercicio del derecho de propiedad y posibilitaron la articulación de distintos niveles de reclamos, entre los cuales el más importante es la defensa de la fuente de trabajo. En este ámbito, las consecuencias de la movilización de los trabajadores y la canalización de las demandas relativas al reinicio de la actividad bajo su control se tradujeron, entre otras, en la sanción de varias leyes declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación u ocupación transitoria los inmuebles, maquinarias e instalaciones de diversas empresas para ser entregados a las cooperativas de trabajo conformadas por su personal, en algunos casos mediante donación y en otros con cargo oneroso. A ello se debe agregar la promulgación en 2011 de la ley 26.684 que introduce modificaciones a la ley 24.522 de concursos y quiebras, estableciendo métodos autorizados para la realización de los bienes, al posibilitar que la empresa sea directamente adquirida por la cooperativa de trabajo constituida por los acreedores laborales. No obstante esos avances, existen reformas pendientes concernientes a la ley de cooperativas y a todas aquellas reglamentaciones que de un modo u otro tienen directa incidencia en la problemática de las empresas recuperadas.

A modo de conclusión

No obstante el insuficiente conocimiento sobre la naturaleza de las cooperativas y sus diferencias con las empresas privadas convencionales, se trata de empresas cuya influencia socioeconómica es innegable. Contribuyen al desarrollo de sus comunidades y actúan como empresas testigo en el mercado de servicios aunque a menudo los consumidores les atribuyen escasa importancia. Mientras que el reconocimiento de sus elementos distintivos es poco valorizado y constituye una ventaja competitiva sin explorar, prevalece el escepticismo sobre la verdadera diferencia que existe entre las cooperativas y las otras empresas.

Basándonos en los aspectos que refieren a su contribución, su desarrollo reciente y el papel preponderante del cooperativismo de trabajo, podemos destacar que la consideración de las cooperativas por parte del Estado en la Argentina ha transitado entre los extremos que la propia naturaleza de estas organizaciones permite: desde actitudes reduccionistas cuando son visualizadas como solución de emergencia ante las crisis, hasta posturas de cooptación, cuando el Estado intenta jugar un rol económico activo y dominante. En este caso se trata por lo general de políticas de promoción equivalentes a una tutela que restringe las iniciativas autónomas y que pierde de vista que la cooperativa evoluciona según un ciclo de vida en el curso del cual sus características van cambiando. Cada fase de ese ciclo (experimentación, crecimiento y madurez) presenta problemas específicos que, al requerir una competencia igualmente específica para su resolución, plantean la necesidad de políticas de promoción capaces de asistir a las organizaciones en cada fase. En este caso se requieren múltiples competencias para la promoción, entre las que se destacan las orientadas al estímulo de estructuras organizacionales flexibles, favorecedoras de la idea de autopromoción, y el desarrollo de herramientas de gestión que posibiliten la estabilidad y el arraigo de las cooperativas creadas.

Dada a la importancia particularmente creciente de las cooperativas de trabajo es necesario destacar que en las dos últimas décadas se ha recurrido a ellas en relación con problemáticas en que se considera su aporte particularmente útil. Sin embargo una mirada sobre el conjunto del sector –en el cual coexiste la autonomía de numerosas iniciativas con las dificultades y fracasos que han marcado la trayectoria de otras– puede oscurecer la contribución que se espera del movimiento cooperativo, cuando se postula su necesaria participación en los procesos de co-construcción democrática de las políticas públicas.

Desde esta perspectiva, una reflexión sobre el contexto en el cual el modelo cooperativo y sus opciones han tenido cabida permite subrayar que estas organizaciones deberían ser apreciadas como actores importantes por la sociedad actual, y no como meros complementos o sustitutos de la empresa convencional cuando esta es poco eficaz, y del Estado cuando este es incapaz de dar respuesta a los nuevos problemas y demandas sociales.

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