Expansión de la soja transgénica en la Argentina

Expansión de la soja transgénica en la Argentina

Por Miguel Teubal

El boom de la soja incluye una serie de consecuencias negativas como la desaparición de la agricultura familiar, la dependencia del productor agropecuario de las transnacionales y la pérdida de soberanía alimentaria. ¿Es posible revertir este proceso? ¿Qué cambios son necesarios?
 
Economista, Doctor por la Universidad de California (Berkeley, California, EE.UU.). Investigador del CONICET, IIGG-FSOC-UBA. Profesor Consulto de la Facultad de Ciencias Sociales - UBA


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El presente trabajo está basado en un artículo del mismo nombre aparecido en la revista Realidad Económica Nº 220

A más de una década del colapso del modelo neoliberal en nuestro país, existe sin embargo un aspecto del mismo que se mantiene intacto en la Argentina: el modelo agrario, de agricultura industrial. Tal modelo se manifiesta, entre otros factores, por el auge fenomenal que ha tenido el cultivo de la soja. Este cultivo, que comenzó a producirse en gran escala en los años setenta, adquiere un cariz muy especial a partir de mediados de los noventa, cuando se libera al mercado la semilla de soja transgénica. Rápidamente esta variedad sustituyó a la convencional, transformando a la soja en uno de los principales productos de exportación. En efecto, a partir de este desarrollo, la Argentina se ha transformado en uno de los principales países en los que se impulsan los cultivos transgénicos. Todo ello de la mano de la siembra directa, la semilla RR resistente al glifosato y las empresas transnacionales, que se han convertido en sus principales beneficiarias. Se trata del boom de la soja transgénica, que coyunturalmente permite la expansión de grandes superávits fiscales y de la balanza comercial, esenciales para el pago de los servicios de la deuda externa. Sin embargo, cabría preguntarse si también significa mayor bienestar para todos los ciudadanos argentinos, ahora y en el largo plazo.

A lo largo de su período de implantación en el país, fueron pocas las voces que señalaban los efectos nocivos de este modelo –sociales, económicos, medioambientales, y relativos a la salud pública, etc.–. En términos generales pocas voces se preguntaban en qué medida era perjudicial una excesiva especialización en este cultivo y la gran vulnerabilidad a una excesiva dependencia de un producto casi exclusivamente de exportación. Asimismo, se hacía caso omiso de la desaparición y expulsión del sector de medianos y pequeños productores, campesinos, comunidades indígenas y trabajadores rurales debido al avance ejercido por grandes productores sojeros sobre el territorio nacional; se negaba la creciente pérdida de la soberanía alimentaria; el deterioro ambiental; el avance de la soja sobre la yunga norteña, así como su incidencia sobre la deforestación masiva que se produce en el país con todas las consecuencias que ello entraña, incluyendo el desplazamiento con violencia de comunidades campesinas e indígenas de sus hábitat habituales. Tampoco se consideraba la pérdida de la biodiversidad; la dependencia respecto de grandes empresas transnacionales; la incidencia sobre la desocupación, el hambre, la pobreza y la regresividad de la distribución del ingreso a nivel nacional.

Es en años recientes que se ha venido tomando más conciencia del impacto de las fumigaciones masivas por aire de glifosato y otros agrotóxicos sobre poblaciones locales del interior del país y sobre las agriculturas de pequeños productores, las cuales se manifiestan en un aumento de los casos de cáncer, malformaciones en niños recién nacidos, y otras enfermedades.

Políticas globales y sectoriales aplicables al agro

Fueron múltiples las políticas que incidieron sobre la constitución del modelo que encarna la expansión sojera en el país. El marco general en el que se desenvolvió tiene que ver con el auge del neoliberalismo, particularmente a partir de mediados de los años setenta, y con medidas vinculadas con las políticas agrarias enmarcadas en ese proceso.

Durante el gobierno militar del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) comenzó la flexibilización de las leyes de arrendamiento que habían sido reguladas fuertemente a fin de proteger a medianos y pequeños productores agropecuarios durante el primer gobierno peronista (1946-1955). La posibilidad de que se hicieran contratos accidentales por una cosecha les permitió a los grandes propietarios obtener el concurso de contratistas para sembrar soja y otros cereales y oleaginosas y, por consiguiente, lograr determinadas rentas que de otro modo no hubieran podido obtener.

Igual situación afectó a los medianos y pequeños productores que, al no poseer necesariamente los medios suficientes para impulsar una producción en escala, también arrendaron sus campos a contratistas. Asimismo, comenzaron a difundirse en los años setenta y a masificarse durante los noventa los pools de siembra, que acercaban fondos financieros para inversiones en el agro.

La política madre que posibilitó un cambio institucional importante en la política agraria y que fue la base de sustentación de estas transformaciones fue el decreto de desregulación de 1991. A partir de esa medida fueron eliminados de cuajo los organismos que existían desde los años treinta a esta parte: la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carne, la Dirección Nacional del Azúcar, etc., organismos que tenían por finalidad regular la actividad agraria (por ejemplo, manteniendo precios sostén para la producción de cereales en apoyo de los chacareros pampeanos). Desde entonces el sector agrario argentino se transformó en uno de los menos regulados del mundo, sujeto como ningún otro a los vaivenes de la economía mundial.

Estas y otras medidas adoptadas durante los años noventa contribuyeron a la desaparición de numerosas explotaciones agropecuarias, fundamentalmente aquellas que tenían menos de 200 hectáreas. Otro hito importante a favor del modelo de la soja transgénica fue la liberación al mercado de la semilla transgénica Roundup Ready (RR) en 1996. A partir de entonces consolidan en el país los agronegocios de las grandes empresas del sistema agroalimentario.

Fue así como el Estado favoreció al modelo sojero. Este apoyo se extendió al ámbito de la semilla. Si bien tradicionalmente existía un régimen jurídico que permitía a los productores agropecuarios reproducir su propia semilla, han surgido presiones de las grandes empresas semilleras internacionales (fundamentalmente Monsanto) para limitar esta prerrogativa, obligando al productor agropecuario a pagar royalties por su utilización, y prohibiéndole la posibilidad de reproducirla incluso para uso propio.

El nuevo perfil productivo en la Argentina: de los alimentos a los commodities

Durante el siglo XX la Argentina –junto a países como Australia, Canadá, Nueva Zelanda e, incluso, Estados Unidos– se constituyó en un importante exportador de carne vacuna y cereales (trigo, maíz, girasol, entre otros granos) a la economía mundial. Al mismo tiempo, esos productos eran alimentos básicos de consumo popular en el mercado interno. Se trataba de una producción centrada en la región pampeana, ya que en las regiones extrapampeanas se producían los tradicionales cultivos industriales, orientados en su mayor parte hacia el mercado interno: caña de azúcar en el Noroeste (provincias de Tucumán y Salta); algodón, yerba mate en el Noreste; frutales diversos (manzanas, peras, uvas) en el Valle del Río Negro, y Cuyo, que, hacia mediados y fines del siglo, comenzaron también a exportarse. En la Argentina se producía la casi totalidad de los alimentos que consumía su población, salvo algunos productos tropicales como el café, los palmitos, etcétera.

Este potencial productivo lo concretaban fundamentalmente medianos y pequeños productores, que constituían una parte importante del conjunto de los productores agropecuarios nacionales. Si bien en 1960 las denominadas “propiedades rurales multifamiliares medianas y grandes” (sector que podía ser asemejado al latifundio) controlaban más de la mitad de la superficie y producción agropecuaria, las “propiedades rurales familiares” (productores medianos y pequeños) ocupaban el 45% de la superficie y producían el 47% de la producción nacional.

En la década de los setenta se establecieron nuevas variedades de cereales y oleaginosas en el campo pampeano y se introdujo la doble cosecha. Esto es, en vez de alternar la producción agrícola con la ganadería, se originó una mayor “agriculturización” expresada en la siembra de dos cultivos agrícolas anuales. Esta técnica se difundió rápidamente en la región pampeana, especialmente en la zona maicera típica, provocando una parcial sustitución del maíz y del sorgo, así como de actividades ganaderas que anteriormente participaban con estos cultivos en sistemas de explotación mixta.

El campo argentino comenzó a sustentarse en la soja y en el paquete tecnológico que la acompaña, a costa de la ganadería y la producción de otros cereales tradicionales.

En 1996 comenzó la implantación de la semilla transgénica de la soja, comercialmente llamada “RR”. El paquete tecnológico consiste en combinar esta semilla con el sistema de la “siembra directa”, complementado con el glifosato (para la eliminación de las malezas que quedan). Tanto la semilla RR como el glifosato son producidos por Monsanto, pero la distribución de la semilla luego fue transferida a su licenciataria Asgrow, la que a su vez fue adquirida por Nidera. Con esta base, Monsanto y sus licenciatarias en la Argentina han logrado inducir a los productores agrícolas a incorporar el paquete tecnológico controlado por ellas, lo que determinó la dependencia de los agricultores nacionales respecto de estas grandes empresas transnacionales.

Dada la difusión que tuvieron estas tecnologías en la Argentina, el glifosato llegó convertirse en el principal insumo fitosanitario empleado, con ventas totales que pasaron de 1,3 millones de litros en 1991 a 8,2 millones en 1995, y a más de 30 millones en 1997. Hacia el 2008 se utilizaban ente 160 y 180 millones de litros de glifosato.

La crisis de 2001/02 no modificó en lo sustancial estas tendencias. Sin embargo, la devaluación del tipo de cambio de la moneda nacional, junto a mejoras en los precios internacionales de la soja, significaron un aumento de los ingresos globales del sector. Por lo tanto, el modelo de agricultura industrial, centrado en la soja, siguió expandiéndose, favorecido por diversas políticas públicas.

El boom sojero

Desde los años setenta el cultivo de la soja ha crecido sostenidamente en la Argentina. La producción pasó de 3,7 millones de toneladas en 1980/81 a 10,8 millones en 1990/91 y a 35 millones en 2002/03. En la campaña del 2006 alcanzó 40 millones de toneladas. Esto significó que la soja pasó de representar 10,6% de la producción de cereales y oleaginosas en 1980/81 a 28,4% en 1990/91 y a más del 50% en el período 2002/03. Otro tanto ocurrió con la superficie destinada a la producción sojera, pues en 1980/81 representaba el 9,1% del total del área cultivada con cereales y oleaginosas, en la campaña 1990/91 pasó al 24,8%, y en 2002/03 a más del 46%. En la actualidad la cantidad de hectáreas ocupadas por la producción sojera constituye más de la mitad de la superficie que se destina a la producción de granos en el país. Asimismo, la casi totalidad de la producción de soja es transgénica y se destina a exportación. La mayor parte de estas exportaciones son harinas y otros subproductos de la soja, destinados fundamentalmente al consumo del ganado de los países europeos, ya que después de la crisis de la “vaca loca”, la soja se transformó en uno de los alimentos balanceados más apetecibles para alimentar los pollos, las vacas y los cerdos del antiguo continente.

Estas tendencias se han dado en detrimento de la producción ganadera, de otros cereales tradicionales, de los tambos (productores de ganadería lechera), de las explotaciones que producen frutales y los tradicionales cultivos industriales del interior del país. En efecto, entre las campañas agrícolas de 1997/98 y 2004/05 la producción sojera aumentó casi 20 millones de toneladas, mientras que la de girasol cayó 2 millones, la de arroz 0,5 millones y la de maíz se mantuvo más o menos constante. En la provincia de Córdoba el auge de la soja fue acompañado por la pérdida del 17% de las cabezas de ganado. A nivel nacional, de 1988 a 2003, la cantidad de tambos pasó de 30.141 a aproximadamente 15.000 establecimientos. En los últimos años el auge de la soja también ha desplazado a frutas y hortalizas producidas en los entornos de las grandes ciudades, incidiendo en el alza de los precios de productos básicos de consumo popular, como el tomate y la papa.

Este fenómeno constituye un modelo que tiende a menoscabar la tradicional agricultura familiar. Entre los censos de 1960 y 1988 desaparecieron 51.000 explotaciones agropecuarias, 1.800 por año. Entre los censos de 1988 y 2002 –en plena era neoliberal– desaparecieron 87.000 explotaciones agropecuarias, esto es, 6.263 por año. Y las que desaparecieron fueron fundamentalmente las de menos de 200 hectáreas (75.293 explotaciones). En cambio, aumentaron las de más de 500 hectáreas, particularmente las del estrato de entre 1.000 a 2.500. El agro argentino se fue transformando a paso acelerado en una agricultura sin agricultores, ya que las explotaciones que desaparecieron fueron principalmente las medianas y las pequeñas.

Efectos ambientales del modelo

El modelo trajo aparejada una serie de consecuencias en la biodiversidad, en los ecosistemas naturales y en las especies vegetales y animales que son parte de ellos, todos esenciales para sustentar la vida humana y su calidad. A ello se debe agregar sus posibles efectos sobre la salud humana, no sólo de los productores agropecuarios que manipulan los agrotóxicos requeridos por este modelo, sino también la del público en general que consume alimentos transgénicos fumigados con glifosato.

Hacia una agricultura sin agricultores

Uno de los argumentos esgrimidos para impulsar los transgénicos en la Argentina es que son necesarios para acabar con el hambre. Sin embargo, el período de implantación de la soja transgénica –de 1996 a 2003, aproximadamente– coincide con la época de mayor aumento de la pobreza e indigencia en el país.

Hasta hace dos décadas las tierras en las que vivían y trabajaban muchos de los pequeños productores agrarios de la Argentina –que producían en gran medida para autoconsumo y/o el mercado interno local– eran consideradas marginales. Sin embargo, con los cambios en el régimen de lluvias que tuvieron lugar en los últimos años, estas tierras de bajo valor productivo se transformaron en tierras aptas para el cultivo de la soja y se revalorizaron.

Asimismo, a partir del decreto de necesidad y urgencia de desregulación de 1991, se cambiaron los arreglos institucionales que habían permitido durante el siglo XX la coexistencia de la pequeña unidad agraria con la gran explotación ganadera y agraria. Tal como fuera señalado más arriba, los campesinos constituían un pequeño núcleo dentro del gran estrato de explotaciones familiares capitalizadas cuyo corte en superficie de tierra se establecía “hasta 200 hectáreas”. Con este corte, el estrato llegaba al 80% de las explotaciones en el período anterior a 1960 y dinamizaba la economía agraria como productor de agroalimentos para el mercado interno y como exportador (y generador de divisas) acompañando a los sectores más capitalistas.

Dentro de este estrato estaba el subsector denominado “minifundista”. Se trataba de unidades que no sobrepasaban las 25 hectáreas, producían para la subsistencia o estaban articuladas a las agroindustrias regionales desarrolladas al calor de la expansión del mercado interno: caña de azúcar, té, yerba mate, algodón, tabaco, algunos productos de la fruticultura, etcétera.

Con la propagación de la semilla transgénica se expandió la frontera agrícola, acentuándose el “arrinconamiento” de los pequeños productores o campesinos.

Los dispositivos utilizados fueron variados. En algunos casos, donde las familias estaban asentadas desde hacía décadas pero sin tener regularizada la tenencia, se presentaban los “nuevos dueños” esgrimiendo los títulos u órdenes judiciales y exigiendo el desalojo de los campos. En otros casos se producía el desmonte de campos para destinarlos a la agricultura, impidiendo la tradicional utilización como zonas de pastoreo de las comunidades indígenas y campesinas.

A comienzos de los años ’90 muchos productores agropecuarios pampeanos se endeudaron para comprar maquinaria y equipo a fin de poder adaptarse al nuevo patrón de “agricultura profesional” propiciado desde sectores oficiales. Pero pronto ese endeudamiento se transformó en una rémora. Se fue multiplicando la deuda ante la imposibilidad de generar los ingresos necesarios para pagarla y, mediante punitivos y demás elementos inherentes al modelo financiero vigente, pronto se transformó en una bola de nieve de imposible abordaje. De este modo, en algún momento 12 millones de hectáreas en la pampa estaban hipotecadas. Fue en este contexto que surgió el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, una organización dedicada a parar los remates de los campos. También está el caso del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), conformado por campesinos (muchos de ellos ocupantes de tierras veinteañales) que repentinamente comenzaron a ser desalojados. Asimismo, en la zona del Noroeste, las comunidades indígenas luchan para no ser desalojadas de sus tierras, al igual que en el Sur lo hacen aquellas desplazadas por los grandes compradores de tierras patagónicas.

En años recientes han cobrado relevancia dentro de estos procesos de “arrinconamiento” dos mecanismos cada vez más recurrentes: la violencia rural por parte de “policías” o guardias privados al servicio de particulares, contra los bienes y la seguridad personal de los campesinos y pequeños productores, y los casos de contaminación, en los que el paquete tecnológico utilizado en los grandes emprendimientos agrícolas perjudica directamente la viabilidad de los cultivos y la salud de las familias campesinas. Estos dos mecanismos expresan de forma dramática la expulsión de agricultores de sus tierras y constituyen el escenario más frecuente en el que se desenvuelve la desarticulación de la agricultura familiar.

Neoliberalismo y sistema agroalimentario

Los ajustes estructurales de corte neoliberal aplicados a la economía argentina repercutieron de forma considerable sobre las tendencias y la variabilidad de la actividad agropecuaria, los precios de su producción y de sus insumos, el acceso al crédito, la rentabilidad general de la actividad y las condiciones de vida de los grupos mayoritarios del sector. Se produjeron procesos de concentración y centralización de capital en la agroindustria y la distribución final de los alimentos (por ejemplo, el denominado “supermercadismo”) y en la provisión de semillas y otros insumos a los productores agropecuarios. Estas tendencias se dieron junto a una fuerte extranjerización en estos sectores a partir de fines de los noventa. Creció la agricultura de contrato y otras formas de articulación “agroindustrial” y adquirieron mayor poder las grandes empresas extra-agrarias con relación a los medianos y pequeños productores agropecuarios, quienes comenzaron a perder significativamente su autonomía de decisión.

Los procesos de liberalización, apertura y desregulación les brindaron a las grandes empresas el marco propicio para expandir su control sobre distintas áreas del sistema agroalimentario y obtener así una posición dominante en lo referido al almacenaje, procesamiento, comercialización, producción y provisión de semillas e insumos para la actividad agrícola. Estas innovaciones facilitaron la consolidación de oligopsonios y oligopolios en segmentos clave de diversos complejos agroindustriales. Por ejemplo, en el complejo lácteo siete compañías –entre las que se destacan SanCor y Mastellone (La Serenísima)– controlan el 80% del mercado; el 90% de las ventas de aceite refinado de girasol es manejado por apenas seis empresas lideradas por Molinos Río de la Plata y Aceitera General Deheza. En panificación, Fargo, Bimbo y La Veneciana acumulan el 85% de las ventas. En otros casos, la concentración y centralización del capital facilitó la captura de negocios altamente rentables, como es el caso de la cuota Hilton, donde cinco empresas (Swift Armour, Quickfood, Friar, Gorina y Finexcor) dominan el 55% del mercado.

Al analizar el caso de las empresas multinacionales dedicadas a la exportación de cereales, se observa que siete empresas (Cargill, Bunge, Nidera, Vincentín, Dreyfus, Pecom-Agra y AGD) concentran el 60% del volumen de granos exportados. En consonancia con lo anterior, también se observa que creció la concentración en el mercado de insumos.

En el sector oleaginoso, fundamentalmente sojero, también hubo una creciente concentración del capital. El complejo oleaginoso es el segundo más importante del país después del cerealero, pero se ha transformado en el principal grupo exportador. Sin embargo, el sector del procesamiento industrial de oleaginosas genera muy poco empleo, menos aún que el tabacalero.

En conclusión, los cambios profundos que se han dado en el sistema agroalimentario del país han cercenado la capacidad de decisión del productor agropecuario sobre su producción y han incidido sobre los insumos utilizados y las técnicas productivas desarrolladas. A ello se suma una merma de la capacidad de negociación del precio de venta que tiene el productor frente a la industria o al acopiador y, en el caso de los transgénicos, frente a su proveedor de semilla. Se agrega también la imprevisión que genera la gran variabilidad de los precios agrícolas internacionales, que afectan directamente al productor agropecuario a partir de la desregulación y apertura externa. A partir del decreto de desregulación de 1991, quedó eliminada toda reglamentación que establecía un precio mínimo o sostén para los productores agropecuarios. Ello le permitió al polo integrador de cada complejo agroindustrial incrementar su rentabilidad y reducir los precios agropecuarios percibidos por los medianos y pequeños productores, así como imponer condiciones de calidad, presentación y traslado del producto e incluso de la variedad del cultivo y de los insumos que debe usar el productor.

Impactos sobre la estructura agraria y otras consecuencias

Una parte importante de este vasto sistema que hemos denominado “de agronegocios” se manifiesta en función de la primacía que adquiere la producción sojera y el paquete tecnológico que la acompaña.

Grandes empresas que se conectan con el sector financiero forman los denominados “pools de siembra”, transformando al sector en un negocio financiero. Algunas veces compran tierras, otras operan con “contratistas” que arriendan tierras y proveen la maquinaria, el equipo y los agroquímicos necesarios para impulsar la producción de los commodities requeridos por el mercado (fundamentalmente externo).

El agro se transforma cada vez más en productor de commodities y cada vez menos en medio de vida para la mayoría de los productores agropecuarios, especialmente para los familiares. Asimismo, tal cual ya se destacó, el país va perdiendo su calidad de productor de alimentos básicos. Se van conformando los denominados complejos agroindustriales, con grandes empresas que extienden su poderío “hacia adelante” y “hacia atrás” en la cadena agroindustrial.

En torno a la problemática de la semilla

Históricamente, desde que se “inventó” la agricultura hace diez mil años, los productores agropecuarios reproducen su propia semilla e impulsan su mejoramiento genético mediante los cruces de las diversas variedades de una misma especie. Como consecuencia, surgió un consenso mundial para defender ese potencial del productor agropecuario y, por ende, su existencia como tal.

Durante el siglo XX, el Estado argentino (a través de sus respectivos organismos) impulsó el mejoramiento genético de la semilla y, años más tarde, también algunas empresas privadas comenzaron a hacerlo. La creciente participación privada en la investigación agropecuaria –que surge de la capacidad de apropiación de los bienes creados que antes habían sido de libre disponibilidad– fue acompañada paulatinamente por la implementación de sistemas legales de patentamiento de seres vivos, en varios países.

En 1994 la Argentina accedió a la Unión Internacional de Protección de Obtentores de Variedades (UPOV), como forma de darle cierta seguridad y credibilidad a la industria semillera extranjera. Como lo señala Van Wijk, la existencia de un sistema de Plant Breeders’ Rights influye sobre la forma en que puede proveerse de la semilla el productor, quien tiene tres opciones:

a) Obtener semillas para cada ciclo de cultivo a través de los canales oficiales de institutos públicos, las compañías semilleras o sus licenciatarias; b) intercambiar granos por semilla, a través de canales de intercambio informales o no oficiales, con otros productores, comercializadores o elevadores de granos, y c) ahorrar una porción de su propia cosecha para sembrar en su propio campo. Según Van Wijk, en los países en desarrollo más del 80% de las semillas requeridas por los agricultores es provisto por semilla ahorrada u obtenida por canales no oficiales. Evidentemente, la legislación instituida a favor de los Plant Breeders’ Rights tiende a restringir estas formas de provisión de la semilla e induce a los productores a abastecerse año tras año en las semilleras oficiales privadas.

Con el surgimiento de los transgénicos comenzaron a tener una enorme primacía a escala mundial las grandes empresas semilleras transnacionales, que combinan su producción o difusión de semilla con la de los agroquímicos producidos por ellas.

La cuestión semillera entraña todo un modelo agrario basado en grandes empresas semilleras, agropecuarias y de comercialización y distribución de productos e insumos al sector. Frente a esto, en 2005 Vía Campesina propone una alternativa como parte de la Campaña Mundial de Semillas, al sostener que: “Las semillas son el inicio y fin de los ciclos de producción campesina. La diversidad y existencia de semillas campesinas permite asegurar la abundancia y la diversidad alimentaria en cada localidad, sirviendo de base para una nutrición adecuada y permitiendo el desarrollo de las formas culinarias culturalmente adecuadas y deseadas. Por tanto, las semillas y el conocimiento asociado a ellas son parte fundamental e insustituible de la soberanía alimentaria de los pueblos. Las semillas son obra campesina e indígena, una creación colectiva que refleja la historia de los pueblos y especialmente de sus mujeres, quienes fueron sus creadoras iniciales y se han mantenido a través de la historia como sus principales guardianas y mejoradoras. Entendemos que la semilla es muchísimo más que un recurso productivo. Las semillas son simultáneamente fundamento y producto de culturas y sociedades a través de la historia. En ellas se incorporan valores, afectos, visiones, y formas de vida que las ligan al ámbito de lo sagrado. Sin las semillas, es imposible el sustento y la soberanía de los pueblos. Al desaparecer las semillas, desaparecen las culturas y los pueblos rurales y comunidades; la desaparición de las culturas, a su vez, lleva a la desaparición de las semillas. Por lo anterior, las semillas no son apropiables. Ellas deben mantener en todo momento su carácter de patrimonio colectivo, frente al cual hay deberes ineludibles que cumplir, incluso sobre el derecho a gozar de él. La Campaña Mundial de la Semilla de Vía Campesina, por lo tanto, se opone a la propiedad intelectual y a toda forma de apropiación de la vida”.

Reflexiones finales

La consolidación de este modelo va acompañada por la difusión de los denominados “pools de siembra” no sólo a grandes propietarios, sino también, en gran medida, a campos pertenecientes a medianos y pequeños productores agropecuarios.

El sector se transforma cada vez más en un negocio de unos pocos, perdiendo su capacidad histórica de constituirse en un medio de vida para vastos sectores sociales: rápidamente se transforma en una agricultura sin agricultores.

Son múltiples las consecuencias de este modelo. Se constata cómo el país va perdiendo su capacidad para producir los alimentos básicos de consumo popular masivo, o sea, va perdiendo su soberanía alimentaria. Por otra parte, están sus efectos medioambientales de largo plazo altamente perjudiciales como el avance de la soja hacia la yunga, su impacto sobre la deforestación, la pérdida de la biodiversidad, etc. Puede incluso señalarse su impacto sobre otros aspectos (por ejemplo, las inundaciones en vastas regiones de Santa Fe y Salta, entre otras provincias). Se señala también que la soja enmarcada en la “siembra directa” genera una capa impermeable sobre el suelo que hace escurrir el agua hacia los ríos en vez de que sea retenida. Simultáneamente la deforestación impulsada por la expansión sojera contribuye a un acrecentamiento de sequías en diversas regiones del país.

Cabría entonces preguntarse acerca de las perspectivas que tiene el modelo para seguir impulsándose en el futuro.

Existen dos factores que señalan elementos “auspiciosos” para el modelo y los intereses involucrados en su expansión continua: a) la nueva “revolución” que se impulsa en América latina en torno a los biocombustibles debido al interés de Estados Unidos y demás potencias mundiales de sustituir su dependencia del petróleo por otras fuentes energéticas, y b) el papel de China en el panorama mundial. A medida que este gran país va adoptando una serie de pautas productivas para ir transformándose en una potencia mundial, su sistema económico y productivo (incluyendo su agro y sistema agroalimentario) también se transforma sustancialmente. No es difícil de percibir que China ya tiene nuevas necesidades y demandas a medida que su economía sigue creciendo a tasas exorbitantes, y que, como consecuencia, va pautando en la economía mundial una creciente demanda de commodities, entre ellos la soja.

No cabe duda de que si se concretan estas tendencias se va a acrecentar la conflictividad manifiesta entre el modelo de los agronegocios, los grandes intereses vinculados a los recursos naturales en general, y los del campesinado, productores agropecuarios y vecinos y ambientalistas. Es importante que se extienda lo más posible el debate en torno a las características esencialmente contradictorias que manifiestan ambos modelos. Se trata de una cuestión que va más allá de lo meramente “sectorial”. Tiene que ver con el futuro de nuestras sociedades y la forma de convivencia que se establezca (si es posible) entre ellas en el futuro.

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