Crisis civilizatoria

Crisis civilizatoria

Por Andrés E. Carrasco


 
Investigador Principal Conicet. Profesor Facultad de Medicina UBA


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En diciembre de 2009, en Santa Fe, el fallo la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial respaldó la demanda de amparo de Viviana Peralta dictada por el juez de primera instancia de San Jorge, Tristán Martínez, invocando el principio precautorio por la “falta de certidumbre científica” de la inocuidad de herbicidas sobre el medio ambiente y la salud humana y estableció un plazo de seis meses para que el Ministerio de la Producción de la provincia y la Universidad Nacional del Litoral demostraran que el uso de herbicidas no constituye peligro de daño grave e irreversible a la salud y al medio ambiente.

Recientemente una comisión encargada por la gobernación del Chaco para evaluar el efecto tóxico de agroquímicos en la localidad de La Leonesa detectó una triplicación de cáncer en menores de 15 años y una cuadruplicación de malformaciones en toda la provincia del Chaco que incremento el índice de 19 casos a 85,3 por cada 10.000 nacimientos. Lo mismo relata la experiencia tanto de los médicos de Jesús María, Córdoba, como de otros pueblos de la Argentina y Paraguay que forman parte de lo que la transnacional Singenta asociada a Monsanto, con un impúdico sentido colonial, dio en llamar “La República Sojera de Singenta”.

Es de notar que el mencionado informe y la prohibición judicial de uso de agroquímicos en La Leonesa y Las Palmas, como antes el fallo de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, contradicen el “informe Conicet” de julio 2009 en línea con reiteradas declaraciones de funcionarios y cámaras empresariales, quienes incinerando su credibilidad no mantienen la distancia necesaria entre lo público y privado.

La liviandad actual con que se maneja en la Argentina la estrategia del uso de bienes comunes y la desnacionalización de su explotación es parte de un modelo de apropiación que además de la producción agrícola incluye minería, agua, energía, que circula en el poder con un silencio tan cómplice como responsable mientras se hipoteca el medio ambiente y se lesiona el patrimonio soberano.

Sin embargo los casos mencionados son notables y auspiciosos. Porque representan el triunfo de las voces que desde hace años luchan por la intervención del poder público para frenar, en cientos de pueblos, el uso de agrotóxicos en uno de los experimentos de campo más notables del mundo. Voces de pueblos sencillos y humildes, que multiplican sus demandas debatiendo salud ambiental y reclamo por el respeto de la naturaleza como sujeto de derecho. Pero más importante aún, al reconocer las causas de lo que ya es una emergencia ambiental y sanitaria, comprenden que su crítica al modelo de apropiación de los bienes naturales y el impacto sobre la capacidad soberana del pueblo argentino es un desafío a la idea de “progreso” que preludia la crisis civilizatoria en marcha.

La comisión creada por la gobernación del Chaco quebró la complicidad impuesta desde organismos nacionales científicos y de salud hasta ahora escudados detrás de un locuaz silencio. Ese es el silencio del cual partimos y que debemos desarmar admitiendo la existencia de la emergencia ambiental y también para abrir interrogantes sobre el conocimiento y su apropiación por los creadores de la colonialidad. La evidente y cerrada resistencia en nuestro país a discutir los sentidos del desarrollo tecnológico contrasta con el proceso boliviano o ecuatoriano y es justificada como parte de la integración al mundo globalizado apelando al elogio acrítico de la ciencia desdibujada en su contenido histórico e ideológico y su relación con el poder económico que la promueve. El neoliberalismo crea un reality show donde los “técnicos y expertos” sustituyen la racionalidad del conflicto por la racionalidad técnica, “en una época de una licencia ilimitada a lo técnico”.

Las palabras son ruido cuando ocultan grandes silencios. Hoy la el país, por un lado, rechaza la explotación de petróleo por parte de empresas europeas en prevención de su patrimonio y de potenciales accidentes ambientales en la plataforma argentina. Pero al mismo tiempo se sienta a discutir inversiones con la Barrick Gold en Canadá, dirigidas a la explotación de la minería a cielo abierto, obviando cualquier consideración del pasado de la empresa y los posibles costos ambientales, por ejemplo, en Pascua Lama. Ese silencio es más fuerte aún cuando ignora los efectos sobre la salud humana y ambiental con el uso de agroquímicos. Esta situación podría encuadrarse, y se verá en el futuro cercano, en un giro hacia la órbita de influencia de los Estados Unidos y el alejamiento definitivo del discurso de soberanía sobre los bienes comunes, de los otros países latinoamericanos.

Por todo esto la negación a discutir el sentido del desarrollo en nuestro país, como lo intentó Varsavsky en la década del ’70, está indisolublemente asociado a formas y sentidos presentes en las políticas de conocimiento, destinadas a sostener un modelo dependiente a medida de la lógica del mercado. En ese sentido uno podría asegurar que el cientificismo eurocéntrico no fue superado, sino transformado en tecnociencia, donde el conocimiento funciona como una mercancía del y para el mercado.

Al profundizarse esta tendencia, la hipoteca a futuro de los bienes comunes va de la mano de la destrucción del hombre, prisionero de la tecnología que él mismo produce. Confundir crecimiento con desarrollo humano es una manera de no asumir los desafíos de la humanidad y continuar apelando a la demanda y consumo, en una huida irracional hacia adelante. Por eso el discurso de integrarse a la globalización es un intento de legitimarse apelando a la virtud y neutralidad del conocimiento y prometiendo que los daños colaterales que ocasione, cada vez más claros y evidentes, serán resueltos con más tecnología.
El modelo, además de conducir a la destrucción del sujeto crítico, reemplaza lo público por lo privado y subordina lo político a lo técnico. Esta sustitución del conflicto (político) por la ciencia (solución técnica) más allá de su sabor tecnocrático y su pretensión de consensos sometidos a la verificación científica, es siempre un camino a formas autoritarias de convivencia.

Por eso Eduardo Subirats define claramente que “la liquidación epistemológica e institucional del sujeto moderno y la interpretación técnica de la realidad son dos aspectos complementarios de la posmodernidad” que con la semilla productivista y privatizante de lo público diseminada en el ambiente académico desde los ’80, fue preludio en la Argentina de una tendencia que hoy cuenta, para ser triunfante, con el aval de aquellos que en los ’90 la rechazaban en la calle.

A pesar de todo, la discusión sobre la vieja teoría de la dependencia, aunque en el marco de un momento de innegable confusión ideológica, vuelve a florecer en la crítica de los paradigmas civilizatorios hasta ahora vigentes. Con el acento en el cuidado del equilibrio de la naturaleza y la defensa de las riquezas comunes de voraces depredaciones, se constituye paulatinamente el nuevo contenido que da sentido a la liberación de los pueblos.

Debe entenderse definitivamente que si la ciencia ofende o destruye la naturaleza, deja de ser ciencia para transformarse en instrumento del capitalismo salvaje. Por eso es tiempo para nuestros pueblos pensar el para qué, para quién y hacia dónde del conocimiento generado que asegure el buen vivir en una sociedad más justa. Sociedad que necesitará, sin duda, que la ciencia y tecnología ocupe un lugar central, pero distinto. Que se constituya desde un nuevo sentido para revalorizar el conflicto como parte de lo público sin mistificar el conocimiento único como epifanía salvadora, sino como instrumento sometido a la política. Recuperando así el proyecto liberador, en el reconocimiento de que existen otras modernidades posibles que convivan y construyan pueblos felices, buscando su grandeza pero sin sacrificios y sin dolor. Ya que eso es lo humano, lo natural y también lo científico.

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Artículos de este número

Ana María Vara
Protesta ambiental latinoamericana
Mario F. Valls
Pasado, presente y futuro del derecho ambiental
Máximo Lanzetta
Riesgos ambientales y tecnológicos
Cristina E. Maiztegui
En búsqueda de justicia ambiental
Juan Carlos Pavoni
Oro verde
Por Alberto D. Cimadamore y Héctor Sejenovich
Cambio climático y pobreza
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¿Ambiente versus integración regional?
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Desarrollo tecnológico y sustentabilidad
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Cambiar las fuentes
Andrés E. Carrasco
Crisis civilizatoria
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Derechos desestabilizadores
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Latinoamérica ante la crisis ecológica global
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